Por: Aníbal Charry González
El Gobierno del subpresidente Duque haciendo populismo punitivo, aprovechando la coyuntura actual de justas protestas masivas de la ciudadanía que lamentablemente se han desviado en actos de vandalismo como sucede en cualquier otro país donde la protesta es una manifestación democrática protegida, ha anunciado que prepara un provocador proyecto de ley cuando el palo no está para cucharas como se dice en el argot popular, que presentará en la próxima legislatura que comienza el 20 de julio, con el fin de regular según lo ha dicho, las vías de hecho que afectan los derechos colectivos de los colombianos.
Ha dicho Duque textualmente que ‘’ Hoy tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan, quienes promueven esas prácticas, pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos’’. Lo dicho, populismo punitivo para magnificar los hechos de vandalismo en estos momentos, y no las justas protestas masivas de la juventud y la ciudadanía reclamando su derechos aplazados por tantos años de desgobierno, corrupción e insensibilidad de la clase política que son los verdaderos vándalos sistemáticos que han generado las marchas, paros y protestas que ahora se pretenden intimidar con una nueva legislación represiva, que solo logrará echarle más cebo al candil de la crisis social sin que haya respuesta efectiva de este desgobierno para tratar de resolverla.
Y digo que se trata de innecesario e incitado populismo punitivo, pues no es cierto como se predica, que se requiera una ley moderna antidisturbios para hacerle frente al vandalismo y la violencia destructora que por supuesto todos repudiamos, ya que estas conductas desviadas se encuentran tipificadas como delitos, y si no pueden ser controladas o sancionadas quedando impunes, lo que hay que hacer, como lo dice el consultor político Andrés Mejía Vergnaud, es buscar el problema en otra parte porque no está en la ley, y mucho menos en un nueva ley moderna como lo asegura el Gobierno, que solo tendría como se ha dicho, el velado propósito de tratar de intimidar o restringir el derecho a la protesta en estos álgidos momentos, mandando un pésimo y provocador mensaje a la ciudadanía que no dejará de protestar hasta que sean atendidas sus justas peticiones.
Porque está claro, en lo cual también coinciden los penalistas y lo muestra la cruda realidad delincuencial impune que tenemos, que el problema no está en las leyes, sino en la falta de aplicación de las mismas y en la carencia de investigación y judicialización efectiva como ocurre con todos los delitos de la mano de un sistema penal hecho a la medida de los delincuentes de todo pelaje, especialmente los de cuello blanco enquistados en la clase política, que son los que tendrían que tener una nueva legislación punitiva sin concesiones con verdaderos dientes para aplicarla, antes de tratar de restringir la protesta ciudadana con nuevas leyes inútiles.
