DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La Defensoría del Pueblo reveló, este 5 de enero, su boletín anual de la situación de las mujeres y las personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD), refugiadas y migrantes. El informe presenta los datos relevantes recopilados y analizados en zonas de frontera, en el marco de la pandemia del covid-19, durante 2020.
La información presentada es el resultado del trabajo realizado por las duplas de género de la delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género en los departamentos de Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Ocaña, Putumayo y Santander.
Estatus migratorio.
La entidad acompañó durante el año pasado, 1.617 casos de violencias basadas en género. De estos, un total de 515 casos (31%) fueron contra población refugiada, migrante y solicitante de asilo. De esta población, un 12 por ciento corresponde a personas OSIGD, como registra el Informe sobre mujeres refugiadas y migrantes emitido por la entidad.
Los tipos de violencia física (18%), sexual (6%), psicológica (42%), patrimonial (6%) y económica (27%) son los que más suceden al interior de los hogares. El informe indica que “la violencia psicológica constituye el mayor porcentaje dentro de los tipos de violencia expuestos, y es transversal a todos estos, ya que, cualquier hecho que cause daño a la persona en cualquiera de sus formas, desencadena también un daño y sufrimiento psicológico. Este tipo de violencia hace referencia a comentarios intimidatorios, acoso, amenazas, aislamiento, desprecio y humillación, entre otras”.
Según informó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que “hemos atendido estos casos con activación de rutas y acceso a la justicia, apoyo psicosocial y ayuda a la reconstrucción de sus proyectos de vida. Continuaremos trabajando en esta línea en coordinación con otras entidades para disminuir esta violencia”.
El informe indica que “la violencia psicológica constituye el mayor porcentaje dentro de los tipos de violencia expuestos, y es transversal a todos estos, ya que, cualquier hecho que cause daño a la persona en cualquiera de sus formas, desencadena también un daño y sufrimiento psicológico. Este tipo de violencia hace referencia a comentarios intimidatorios, acoso, amenazas, aislamiento, desprecio y humillación, entre otras”.
Tipos de violencia.
La entidad compartió que también se han presentado casos en los que por cuenta de los precarios ingresos económicos -debido a que se dedican en su mayoría a la economía informal- algunas personas “se ven expuestas a la escasez alimentaria y la habitabilidad de calle, por cuenta de los desalojos por incumplimiento en el pago de arrendamiento” e, incluso, a hechos de violencia sexual. El acceso a los servicios de salud y en particular a métodos de planificación familiar, es otro derecho afectado para esta población.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo informó que la institución implementó estrategias de atención individual, grupal, telefónica y en línea; a la vez que, promovió y participó espacios de promoción, divulgación, talleres de formación y espacios de incidencia, logrando un impacto positivo en el empoderamiento de la población para realizar acciones en pro de la garantía de sus derechos de forma individual y colectiva.
Estatus migratorio
De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, el 84 % de la población refugiada, migrante y solicitante de asilo, atendida en el marco del proyecto durante 2020, se encuentra en situación irregular, el 14% tiene su situación regularizada y solo un 2% es solicitante de asilo. Lo anterior devela la vulneración de derechos y riesgos a la que están expuestas las mujeres y personas OSIGD, cuya situación migratoria no ha sido resuelta.
“En las atenciones brindadas en cada una de las regiones, se ha identificado que debido a los flujos migratorios mixtos, la población en mención se enfrenta a hechos de violencia, trata y tráfico de personas, violencias de género incluida abuso sexual y discriminación, barreras de acceso a salud, medios de vida, protección, albergue seguros especializados y en muchas ocasiones a un difícil acceso a la justicia y a medidas de atención”, se lee en el documento.
Adicionalmente, la entidad destacó que estas mujeres y personas OSIGD por lo general son cabeza de familia o cuidadores de niños, niñas y/o personas mayores, y debido a la responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de quien tienen a cargo, sumadas a las propias, las hace más vulnerables a ser víctimas de este tipo de delitos.
