Por: Alba Daniela Calderón Parra

 

La Constitución Política de 1991 creó amplios espacios para que la sociedad civil organizada participe efectivamente en las decisiones que nos atañen; es así como los artículos 1° y 2° de la CP establecen: “Colombia es un Estado social de derecho…… democrático, participativo y pluralista”… ”Son fines esenciales del Estado… facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación” …. y  el artículo  103°: Formas de Participación Democrática,  define  los mecanismos de participación ciudadana, cuyo posterior desarrollo fue la Ley 134/ 94   cuyo párrafo segundo  dice: ” El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o  de utilidad común, no gubernamentales,  sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan  mecanismos democráticos de representación en las diversas instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.

A partir 1991 los gobiernos han legislado para que los grupos poblacionales antes excluidos, se organizaran para la participación, facilitando   la creación de organizaciones juveniles, universitarios, de mujeres, indígenas, LGTBI, afrocolombianos, desplazados, victimas, adultos mayores, discapacitados, padres de familia, de usuarios de los servicios y muchos más con fines s culturales, artísticos, agropecuarias ambientales, de flora y fauna, turísticos, etc.   A este esfuerzo por hacer efectiva la participación ciudadana, agregamos, los  Sistemas Nacionales, nombrando algunos como: el Sistema Nacional de Planeación, para  promover y fortalecer la democracia participativa y  la gobernanza democrática, ser mecanismo eficaz para dinamizar las relaciones entre la comunidad y el Estado,  la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones para  mejorar las condiciones de vida de la población; el Sistema de Seguridad Social Integral, como “el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, con acceso a  las personas y la comunidad tendiente  a  garantizar una calidad de vida acorde con la dignidad  humana y  la cobertura de los servicios que prestan; El Sistema Nacional de Cultura, como el conjunto de instancias de participación y procesos institucionales, que posibilitan el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales acorde con los principios de descentralización, diversidad, participación y autonomía.

El Sistema Nacional de Voluntariado, orientado a reconocer, promover y fortalecer la Acción Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad y   corresponsabilidad social; el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, creado por   Ley 1757 de 2015, garantizando la protección y el derecho a participar y armonizar las iniciativas de participación ciudadana desde el Estado, en estrecha correspondencia con las necesidades y demandas de la sociedad civil; a este escenario convergen todas las organizaciones sociales, que consolidarían definitivamente y harían realidad la participación ciudadana en Colombia.

Si en todas las instancias gubernamentales, nacionales, departamentales  y municipales, están presentes las organizaciones de la sociedad civil y personas naturales, usuarios o beneficiarios de los servicios, con competencias y funciones según la naturaleza de sus objetivos, surgen estos interrogantes: ¿si el Estado colombiano ha sido tan prolífico en legislar para la participación, ¿por qué la sociedad civil no ha logrado mayor incidencia en la formulación y cumplimiento de las políticas públicas y mejores niveles de desarrollo en general? ¿Cuáles han sido las barreras que han impedido la real participación ciudadana que cope los espacios creados para tal fin? ¿qué ha faltado a los actores sociales para el ejercicio de   la democracia participativa? Que respondan los líderes sociales.