Melquisedec Torres
En un país con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, desempleo de dos dígitos, salario mínimo de un millón mensual, pobreza monetaria del 40 % y extrema del 12 %, e informalidad laboral (“rebusque”) del 50 %, es un acto indigno, grosero y detestable decir que es justo un salario público de $ 35 millones mensuales (más primas, cesantías, cuatro meses de vacaciones, oficina, equipo asesor de 50 salarios, tiquetes aéreos, carro blindado y escoltas).
Sin embargo, uno de los métodos más eficaces que han aprendido los elegidos en Colombia para seguir disfrutando de sus fabulosos beneficios a costillas de nuestros impuestos es alegar con éxito que reducirles privilegios no es mayor cosa, que eso no tiene mayor importancia dentro del presupuesto nacional, que hay cosas más mucho relevantes en el debate público.
No solo es falsa esa dicotomía, sino que, aún si lo fuera, desde hace más de 210 años somos una República, maltrecha y a pedazos, pero no somos una monarquía ni apéndice o colonia de otra para seguir permitiendo que una pequeña casta de elegidos por voluntad divina o terrenal se solace con la plata de la inmensa mayoría.
Discutir y exigir que se reduzcan los altísimos salarios de los servidores públicos, cuya pirámide comienza con los de los congresistas, no solo es justo, sino necesario, más allá de un puro mensaje simbólico. Los costos de esas prebendas no se reducen al pago mensual, se extienden por décadas, pues su impacto es directo sobre las futuras pensiones públicas; y si el jubilado deja jóvenes herederos (cónyuges o hijos) con derecho pensional, nos exprimirán mes a mes por otras décadas.
El esquema piramidal que es buena parte de la estructura de los poderes del Estado se sostiene en la masa, que somos el 90 %, con una base de tres o cuatro escalas, que es el otro 10 %, compuesto por unos dos millones de pensionados del régimen público, otro millón de empleados de nómina y unos dos millones más de contratistas de todos los órdenes. Los pensionados ya nos cuestan más que los otros y superan todo el gasto de salud o el de educación del país; para 2023 saldrán de nuestros impuestos más de $ 55 billones para ellos. En promedio, cada colombiano recién nacido o viejo deberá aportar cada año un millón para cubrir las mesadas de esos dos millones de jubilados, de los cuales una ínfima minoría se lleva la mayor tajada: de cada 100 pesos, más de 80 son para quienes ganan más de cuatro millones mensuales de pensión. Y más de la mitad de esos 100 son para los más ricos jubilados, en tanto que más de tres millones de viejos, que o no cotizaron o lo hicieron, pero no alcanzaron a pensionarse, no reciben nada o apenas un mísero bono mensual de 80 mil pesos.
Seguramente, ahora tampoco los elegidos dejarán de serlo. Los que prometieron el cambio demostraron en pocos días que no solo son incapaces de serlo, sino que serán más voraces que los anteriores. Será necesario algo más que la indignación ciudadana para que un día caiga esta pirámide.
