El pasado 28 de octubre se firmó un acuerdo de cooperación entre la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Colombia. Los líderes del Sí, tratando de buscar una legitimidad que no tienen en el elector primario, han salido a interpretar el comunicado con su ya conocida política de la imposición. El presidente de la JEP asegura que mi proyecto de ley sobre la creación de una sala especial para las Fuerzas Armadas tendría como resultado “la inmediata e ipso facto intervención de la Corte Penal Internacional”, y que el Estado debe “preservar la naturaleza constitucional” de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se les olvida que el Congreso de la República tiene la facultad y el deber para reformar normas constitucionales, y que ningún organismo internacional está por encima de la constitución colombiana.
No creo que el fiscal Karim haya insinuado que su corte está por encima de la soberanía nacional, pero la respuesta intransigente de la JEP no es más que el resultado de una institución coja de legitimidad. Colombia necesita instituciones en las que todos creamos. La razón por la que he presentado el proyecto de la sala especial para nuestras fuerzas armadas es porque considero que podríamos llegar a un gran acuerdo nacional sobre esa institución. Los del No siempre hemos estado abierto al dialogo, e incluso en el 2019 logramos un primer acuerdo en comisión primera donde todas las fuerzas políticas firmamos ¿No es mejor una institución donde la mayoría estemos de acuerdo?
Más allá de los reparos por la JEP, mi preocupación es por la democracia. Desde que Santos decidió usar la institucionalidad para hacerle conejo a la decisión de los colombianos sobre el acuerdo de la Habana, se escuchan más voces tratando de imponer sus ideales por encima de la constitución. Esa política de la imposición donde otros deben callar, y donde la democracia solo es válida, si son mis ideales los que ganan.
Si el magistrado Cifuentes está preocupado porque la Corte Penal Internacional intervenga, tarde o temprano lo hará, porque las victimas ya están reclamando justicia, de un tribunal que no se las va a dar. Después de cuatro años de creada, cerca de 1 billón de pesos gastados, los principales comandantes delinquiendo desde Venezuela, los otros en el Congreso o viajando por el mundo (con autorización de ese tribunal) …; y aun no tenemos verdad, justicia o reparación, pero sí cerca de 2.000 disidentes y el negocio del narcotráfico creciendo en las regiones- y recordemos que la financiación ilícita no quedó ni como macrocaso en esa jurisdicción-.
Mi proyecto de las fuerzas armadas lo seguiré presentando y defendiendo. Los militares no pueden ser tratados como iguales a los guerrilleros. Un ex miembro de las Farc entra a la JEP como culpable de al menos un delito menor como el de rebelión. Un miembro de la Fuerza Armada debería entrar como inocente, y no con la misma condición de culpabilidad del exguerrillero. Mi proyecto crea una sala diferente, simétrica y simultánea a aquellas destinadas a las Farc, pero con magistrados elegidos por colombianos de manera imparcial, y con amplio conocimiento en DIH y en manuales operacionales. También se garantiza la presunción de inocencia, descartando que el procedimiento favorezca la confesión como incentivo para garantizar la libertad.
