Alfonso Vélez Jaramillo
Mientras persista interés político o politiquero o, alguna otra causa que atente contra los procesos judiciales, no habrá una verdadera independencia de la justicia en Colombia, ni en los demás organismos de control.
Es visible la presión a través de las redes sociales, de cierto sector político con candidato a bordo, en el proceso contra el alcalde Gorky Muñoz Calderón, su exsecretario de educación Giovanny Córdoba, sus asesores jurídicos y otros servidores públicos.
Se investiga el contrato del PAE, Plan de Alimentación Escolar, esta vez en casa, que firmó el Gobierno Municipal para encarar la muy difícil y atípica pandemia en Neiva. No estoy contra la investigación, se debe investigar, ni tengo interés particular a favor o contra de nadie, ni estoy desconociendo las decisiones tomadas por la juez, pero no comparto la actuación del fiscal.
La medida de aseguramiento con detención preventiva al alcalde Gorky Muñoz, en su residencia, por pedido de la fiscalía, no la comparto por el momento electoral en que la solicitó el fiscal, como muchas veces ha ocurrido, que luego de hacer espectáculo se cae.
La decisión fue apelada por los abogados del mandatario, la Fiscalía y la Procuraduría, no obstante, debe aclararse que el alcalde Gorky Muñoz, sigue trabajando en su despacho, inclusive, está esperando que el superior se pronuncie y deje en firme o revoque la decisión del juez de garantías.
No es sano, ni es bien visto que en épocas de elecciones se produzcan esta clase de noticias y se den a conocer de manera espectacular por funcionarios, para que de alguna manera incidan en los resultados electorales negativos o positivos para las partes, por cuya razón no me había referido antes.
Para un espectador desprevenido, sin ningún tipo de interés particular, no hay objetividad, claridad ni ponderación en este proceso contra el mandatario de Neiva y está siendo adelantado por la presión en algunos medios y los ataques en redes sociales.
Debemos recordar que los hechos tuvieron lugar en una época en que la comunidad peligraba por el virus del COVID y debían tomarse medidas de choque para enfrentar esta atípica y peligrosa situación contra la vida de los neivanos. Primero, la imputación y solicitud de medida de aseguramiento que hizo el señor fiscal, desconoció el virus que en Neiva crecía de manera exponencial en todos los sectores.
A consecuencia de esta situación el alcalde Gorky Muñoz, decretó la emergencia y el toque de queda indefinido que nunca antes nadie había vivido en Colombia. Muy pocas personas salieron a la calle en el primero y segundo mes, lógico, luego del encierro las familias ya no tenían nada para darle de comer a sus hijos.
El alcalde Gorky Muñoz, actuó acorde con la Ley 1523 de 2012, que autoriza al ejecutivo a tomar medidas de choque en caso de riesgo, desastres o calamidad, como estaba ocurriendo, se adelantó al presidente Duque que no había expedido ni el primer decreto. Los principios de esta ley permiten adoptar acciones extraordinarias para reducir el riesgo y el manejo de la calamidad, cuyo propósito es la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
En Neiva, una de las primeras ciudades afectadas, en las primeras semanas más de 200 personas ingresaron a hospitales, clínicas y centros de salud con patologías generadas por el COVID.
Los decretos de emergencia del alcalde de Neiva, estaban sujetos al Consejo Municipal de Riesgos con un plan específico de más de cien acciones conjuntas, con la participación de los diferentes estamentos sociales y la secretaría de riesgos y desastres.
No es aventurado expresar como en otras situaciones, que el interés indebido que trató de justificar el fiscal no tiene peso y es muy posible que no prospere, no tiene el soporte necesario, solo en los audios, los cuales nunca se han comprobado, el interés indebido nace de la presión social y estas son cuestiones hipotéticas., lo malo es el interés político en estas situaciones que no deja actuar a la justicia.
