La Procuraduría General de la Nación, se refirió a las presuntas irregularidades en la adjudicación y posterior revocación de una concesión portuaria, ordenando la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, y varios altos funcionarios.
La decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de revocar la concesión portuaria al Grupo Portuario S.A. ha suscitado una indagación por parte de la Sala Disciplinaria de Instrucción. Además del ministro de Transporte, se investigarán a la viceministra general (e) del ministerio de Hacienda y Crédito, la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, y altos cargos de la ANI.
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La investigación se centra en las razones que llevaron al Consejo Directivo de la ANI, en sesión extraordinaria el 28 de diciembre de 2023, a revertir la aprobación previa de la concesión portuaria. La Procuraduría sostiene que podría haberse incurrido en falsa motivación al argumentar posibles afectaciones ambientales sin evidencia respaldatoria adecuada.
Además, se señala una posible violación del debido proceso en el trámite de la solicitud de modificación del contrato de concesión portuaria, incluyendo irregularidades en la conformación del consejo directivo y la omisión de su participación en el recurso de reposición.
Con esta medida, la Procuraduría busca esclarecer los hechos denunciados, determinar si constituyen faltas disciplinarias y evaluar si los implicados actuaron conforme a las normativas establecidas.
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