La Coordinadora Nacional de Justicia y Paz de la Procuraduría, en su intervención, dejó en claro que la designación de Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no debe comprometer los deberes asumidos con las víctimas en el marco de la justicia transicional.
En una audiencia pública bajo la mirada de una juez de la Jurisdicción de Justicia y Paz, se debatió la solicitud de libertad a prueba para Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar.
Se destacó que la esencia del proceso de Justicia y Paz radica en la atención y reconocimiento de los derechos de las víctimas, y cualquier medida que se tome en relación con los excombatientes debe velar por garantizar la seguridad y la no revictimización de quienes sufrieron el conflicto armado.
La Procuraduría hizo hincapié en la necesidad de imponer restricciones de movilidad a Mancuso en caso de que se le otorgue la libertad a prueba, para asegurar que no tenga contacto con las zonas donde residen las víctimas. No imponer estas restricciones, señalaron, constituiría una afrenta a los derechos de las víctimas y podría exponerlas a un riesgo de revictimización.
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Además, se recordó que Mancuso ya ha sido sujeto de medidas similares en el pasado, cuando se le impidió su desplazamiento a ciertas regiones del país donde había cometido crímenes, medida que se mostró efectiva para proteger a las comunidades afectadas.
Respecto a la solicitud de libertad a prueba, se indicó que este tema ha sido discutido previamente en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde se determinó que Mancuso cumplía con los requisitos para acceder a esta medida. Sin embargo, se aclaró que el proceso para su liberación no será inmediato, ya que debe ser puesto a disposición de las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también enfrenta procesos judiciales.
Finalmente, se subrayó que la resolución presidencial que designa a Mancuso como gestor de paz no impone ninguna obligación a las autoridades judiciales y que estas deben actuar con independencia y autonomía en la toma de decisiones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
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