La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para adoptar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz desplazados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en la zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, tras recibir amenazas de grupos armados ilegales.
En una comunicación dirigida a Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz resaltó la urgencia de implementar y cumplir de manera efectiva las medidas de seguridad previstas en el Acuerdo de Paz. Entre estas medidas, se destacó la necesidad de «poner en marcha las disposiciones contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad y Protección» para los firmantes del acuerdo.
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Así mismo, la Procuraduría solicitó evaluar la convocatoria de los miembros de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), con el objetivo de movilizar una respuesta institucional adecuada frente a la situación ocurrida en el ETCR de Miravalle.
Este requerimiento fue reiterado durante la más reciente Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que contó con la participación del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, entre otras autoridades.
La Procuraduría General de la Nación subrayó que es imperativo cumplir de manera efectiva con las medidas de seguridad previstas para proteger a esta población vulnerable, reafirmando su compromiso con la implementación y seguimiento del Acuerdo de Paz.
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