La petición que presentaron las autoridades electorales para que la Sala Plena estudiara con urgencia la viabilidad del Nuevo Código Electoral fue rechazada por la Corte Constitucional.
Alexander Vega, registrador nacional y Doris Méndez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, habían mostrado su preocupación por el inicio del calendario electoral para las elecciones del Congreso y Presidente de la República en el 2022.
La Corte consideró que el articulado no tiene relación con la seguridad nacional o una posible afectación grave al patrimonio nacional.
“Negó la solicitud del Registrador Nacional del Estado Civil de darle a dicho proyecto trámite de urgencia nacional, dado que a dicho trámite se acude cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social”, señaló el alto tribunal en un comunicado.
La Corte informó que la Sala Plena iniciará el estudio de la ponencia que presentó el magistrado Jorge Ibáñez en la próxima sesión programada para la semana del 22 de noviembre.
“La Sala Plena de la Corte Constitucional, en relación con el proyecto de Código Electoral, por tratarse de un proyecto de ley estatutaria y de conformidad con el reglamento de la Corporación, decidió incluir en el plan de trabajo de las próximas sesiones el estudio del proyecto de sentencia mediante la cual se decide sobre su constitucionalidad”, resalta el comunicado.
La ponencia de Ibáñez analizaba uno a uno de los 276 artículos de la reforma y si era constitucional que el proyecto haya sido debatido y aprobado en sesiones extras en el Congreso dado a que se trata de una ley estatutaria.
Ese será un punto a discutir en la Sala Plena debido a que para algunos magistrados no sería constitucional que una ley estatutaria se aprobara en sesiones extras, pues lo que sucede normalmente es que se debata y apruebe en sesiones ordinarias.
La Corte tendría plazo para tomar decisión hasta febrero de 2022 y lo que se necesitaría es que el fallo se conozca mucho antes de las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
