Por: Jaime Felipe Lozada
La reforma laboral avanza sin mayores inconvenientes en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa, prioritaria para el gobierno, preocupa con justa razón a los sectores productivos del país, ya que no aborda lo que debería ser siempre el tema central y objetivo de toda reforma laboral: la generación de empleo. Por el contrario, desincentivará la inversión, desestimulará la creación de empleo y aumentará la informalidad.
En la economía, como en la política, lo más importante es la gente, y lo que más afecta al ciudadano de a pie es el empleo. Según el economista francés Jean Tirole, premio Nobel de Economía, una buena reforma laboral debe proteger al trabajador y no al empleo. Esto significa que dichas reformas deben incentivar la generación de más empleo, más formalización, mayor productividad y competitividad y cómo no dignificar a los trabajadores; sin embargo, lo contrario ocurriría si se aprueba la reforma tal y como parece que sucederá en las próximas semanas. Diversos estudios realizados por gremios productivos de la economía nacional, en especial por los comerciantes, reflejan que la reforma laboral de Petro destruiría cerca de 450.000 empleos formales. Además, no protegería a los trabajadores frente a la revolución tecnológica, al no adaptar nuestras leyes a las nuevas tecnologías, fundamentales para ser más competitivos en el mercado laboral global actual. Con el inminente incremento de los costos y una menor competitividad laboral, las pequeñas y medianas empresas -que representan el 96% del sector privado, que aportan el 43% del PIB y constituyen la mayor fuente de empleo nacional, con el 83%- no tendrán más opción que informalizar a sus trabajadores con efectos devastadores para nuestra economía.
Una economía genera empleo cuando crece, cuando hay estabilidad macroeconómica, seguridad física y jurídica, y cuando el Estado trabaja conjuntamente con el sector privado para generar riqueza, desarrollo y oportunidades. Por el contrario, no se logra cuando se denigra y se persigue a los empresarios bajo la creencia errónea de que el capitalismo, con todas y sus falencias, no es el modelo económico más indicado para generar cambios sociales significativos. Preocupa profundamente que la coordinadora ponente de la reforma en la cámara baja, la representante Carrascal, confunda un contrato a término fijo con un contrato de prestación de servicios y, además, crea equivocadamente que el ingreso con utilidad promedio de las empresas en Colombia es del 25%. Esto demuestra que ignorante no es la persona carente de conocimientos, sino aquel que habla de lo que no sabe.
En Colombia, el desempleo ha aumentado del 9.3 al 9.7 %, especialmente en las ciudades y entre los jóvenes, lo cual eleva los índices de inseguridad y un problema social de grandes proporciones. El gobierno debería enfocarse en incrementar la inversión y ejecutar los recursos públicos para dinamizar la economía y crear nuevos puestos de trabajo, en lugar de estar enfocado en generar incertidumbre dentro del sector comercial, empresarial y productivo del país, que es precisamente lo que provoca la actual reforma laboral.
