Por: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
A “pupitrazo” absoluto, en la plenaria de Cámara de Representantes, se aprobó el proyecto de ley que reforma el sistema pensional en Colombia, el cual pasará a sanción presidencial. Apenas se había discutido en la Cámara escasamente el 15% del articulado, cuando una proposición sorpresiva, pidió que se admitiera el texto que había sido aprobado en el Senado, se aprobó y se acabó la discusión.
Sin duda, la discusión del proyecto en Cámara quedó cercenada, no hubo el debido debate y se optó por una salida anómala, posiblemente para evitar que el proyecto se hundiera con unas discusiones exhaustivas que amenazaban soberbias, para las cuales ya no había tiempo. Fueron ochenta y seis votos a favor por treinta y dos en contra.
Inmediatamente se despertó la polémica nacional, sobre si con la argucia de evitar el debate, se vicia el proyecto, incurriendo en una irregularidad constitucional, por no haberse cumplido la discusión del proyecto en la Cámara. Siendo el sistema colombiano bicameral, no es lógico que una Cámara prescinda de la discusión democrática, para estarse a lo que la otra haya resuelto.
Seguramente lloverán las demandas de inexequibilidad que ya se anuncian y corresponderá a la Corte Constitucional decidir si se cumplió o no con la discusión en la Cámara. Pero además, hay otras discusiones de fondo sobre la constitucionalidad del proyecto aprobado: la primera, que gravó algunas pensiones, tema que se creía superado y que se intentó imponer en la anterior reforma tributaria y que al final el mismo gobierno retiró. Las pensiones son un ahorro que ya tributó en la fuente y gravarlas nuevamente equivaldría a una doble tributación, además de que se rompe la unidad de materia y este aspecto fiscal ya no podría estar incluido; son algunos de los cargos que le hacen a la constitucionalidad de este proyecto.
No se queda atrás el sistema de privilegios paralelo que sea crea en el proyecto para varios sectores de la población, como indígenas, comunidades negras, campesinos, palenqueras, que suman el 40% del sistema. ¿De dónde acá deben tener privilegios? Lo que se debía haber hecho en la reforma, es precisamente lo contrario, acabar con los privilegios, como sería el que entrará a gozar el mismo Presidente de la República cuando termine su periodo, con una pensión privilegiada, por fuera del sistema de prima media. En Francia, el Presidente Macron renunció a dicho privilegio y se pensionará con lo que ahorre.
Lo que tenía que haber hecho la reforma, era aumentar la edad de pensión a los sesenta y cinco años, para hacer viable y sostenible el sistema y no lo hizo. La mesada catorce reestablecida recientemente para las fuerzas militares, es otro despropósito, pues estaba excluida para todo el sistema y no hay porque privilegiar a un sector de la población con una mesada adicional; es romper el principio de igualdad. Ahora, habrá excusa para extenderla a otros sectores.
