Por: Samuel Gutiérrez
La reciente reforma pensional aprobada en el Congreso es una bofetada a las futuras generaciones de nuestro país. Más allá de sus implicaciones económicas y sociales, su proceso de aprobación fue una flagrante violación del principio democrático que rige nuestra nación. Este proceso legislativo, plagado de irregularidades, demuestra un desprecio alarmante por el procedimiento constitucional que debe regir toda legislación.
La reforma fue adoptada sin la debida deliberación en cada uno de los debates, lo que constituye una transgresión directa de los artículos 145, 146 y 112 de nuestra Constitución. Estos artículos no son meros formalismos; son garantías esenciales de un proceso legislativo justo y transparente. La falta de discusión y análisis detallado del texto proveniente del Senado no solo desvirtúa la esencia de la democracia deliberativa, sino que también vulnera el derecho de los ciudadanos a una representación efectiva y responsable.
Este atropello procedimental no puede pasar inadvertido. La Corte Constitucional deberá declarar inexequible esta reforma debido a los vicios de trámite. No se trata de un golpe blando ni de una conspiración política; se trata de actuar conforme a la legalidad y el respeto por nuestra Carta Magna. Señor presidente Petro, cuando eso ocurra, no podrá decir que se trata de un ataque a su gobierno, sino de una respuesta justa y necesaria para proteger el orden constitucional.
Las futuras generaciones serán las más afectadas por esta reforma. Al no haberse discutido adecuadamente, no se han considerado con profundidad las repercusiones a largo plazo sobre los jóvenes de hoy, que serán los pensionados de mañana. ¿Estamos garantizando un sistema sostenible y equitativo, o estamos hipotecando el futuro para resolver problemas inmediatos?
La transparencia y el respeto por los procedimientos legislativos son pilares fundamentales de una democracia saludable. La aprobación de la reforma pensional sin el debido debate es una afrenta a estos principios. Más allá del contenido de la reforma, la forma en que se ha llevado a cabo socava la confianza en nuestras instituciones y en la capacidad del Congreso para actuar en beneficio de todos los ciudadanos.
Es imperativo que los líderes políticos comprendan la gravedad de estos actos. La legitimidad de cualquier reforma depende no solo de su contenido, sino de la forma en que se aprueba. El respeto por los procedimientos democráticos no es una opción; es una obligación. Solo así podremos construir un país donde las decisiones legislativas reflejen verdaderamente la voluntad y el bienestar del pueblo.
Samuel Gutiérrez
