Por: Carlos Tobar
Como todo lo de este gobierno del cambio los propósitos reformistas terminan en un desastre. Es lo que está a punto de suceder con la Ley Estatutaria de Educación. Un nombre rimbombante con el que el gobierno Petro pretende refundar la educación en Colombia.
El objetivo es convertir la educación en un derecho. Por lo menos, dejarlo consignado en una ley estatutaria, como si al hacerlo ya el derecho fuese una realidad. No importando, por ejemplo, que la desfinanciación de la educación pública, tal vez el mayor obstáculo para el acceso universal a ese derecho, no se toque por parte alguna.
Digamos de una vez que, la reforma del Sistema General de Participación – SGP, es la tarea urgente si se quiere garantizar que los niños y niñas de todo el territorio nacional tengan garantizado el acceso, en condiciones aceptables, a los niveles educativos preescolar, básica primaria y secundaria, la educación media y la educación superior.
La accesibilidad universal, la calidad educativa, la permanencia en el sistema en condiciones necesarias y suficientes con la autonomía que exige el conocimiento, deben ser garantizados por el estado. Ese debe ser su obligación indeclinable.
Pero, lo que ha prendido las alarmas en los sectores educativos son varias de las posibles normas que quedarían en la nueva ley estatutaria. Muchas de las conquistas de las luchas de profesores y estudiantes, a lo largo de décadas, enfrentando las políticas neoliberales de gobiernos antinacionales se están perdiendo.
Lo que no pudieron imponer desde el siglo pasado esos gobiernos que, fueron derrotados por la movilización social con la expedición de la ley 115 de 1994, están a punto de convertirse en la mayor derrota del movimiento social.
Se pierde la autonomía escolar al permitir que el gobierno decida sobre el currículo a enseñar. Habría una educación oficial dictada desde el ministerio violentando el libre ejercicio de la enseñanza, impidiendo el acceso amplio a lo más avanzado del conocimiento mundial en las ciencias y las artes condición básica del progreso. Lo más grave es el hecho de violentar el gobierno escolar como el instrumento democrático de los estamentos educativos para definir los temas de enseñanza y sus métodos.
Se establece, sin participación directa de los maestros, un sistema de evaluación amarrado a los resultados de las pruebas estandarizadas de sus alumnos. Un sistema indirecto de evaluación que no corresponde a los esfuerzos de los maestros, pero que, sobre todo, exime al gobierno de la responsabilidad de concurrir en la formación profesional permanente del magisterio.
Lo más feo de esta horrible ley estatutaria es la formalización de los colegios por concesión, la más descarada forma de privatizar la educación con todas las consecuencias negativas que esta experiencia ha dejado en el país.
La decisión de Fecode de reaccionar frente a este adefesio debe ser el toque a rebato para la más amplia movilización social en defensa de una educación nacional, científica y de masas.
Neiva, 10 de junio de 2024
