Por: Ernesto Cardoso Camacho
Con ocasión de la publicación que hiciera en el Diario El Tiempo el domingo pasado el exvicepresidente Vargas Leras, con relación a los incumplimientos de Aliadas y en particular de su consorciado el Grupo Solarte; en el contrato estatal que se conoce como la Ruta 45; la llamada dirigencia regional ha reaccionado censurándolo y manifestando su apoyo a la cesión del contrato que ha sido la opción adoptada por el gobierno Duque.
Por otra parte, como una muestra de la desconexión que existe entre la dirigencia y la ciudadanía, la gran mayoría de huilenses y surcolombianos manifiestan su enorme y justificado descontento dado que las razones tanto de Vargas Lleras como de quienes apoyan al gobierno Duque, no les satisface su legítimo interés de que la soñada solución vial siga durmiendo el sueño de los justos.
De las varias alternativas de infraestructura vial que desde hace más de 20 años se han anunciado para asegurar la conectividad y competitividad de la región, donde el principal beneficiario es sin duda nuestro Huila; esta vía constituye la que desde el punto de vista estratégico es la más importante en cuanto que permitiría consolidar la RAP del sur en la que nuestro depto. sería su cabeza y líder; sin que ello implicara renunciar a la opción de adherirse a la RAP central conformada entre Cundinamarca con Bogotá- Boyacá-Meta y Tolima. Es decir, tendría la opción de ser cabeza de ratón y al tiempo cola de león.
Mirado el tema en este contexto que sin duda significa la verdadera opción de superar el atraso estancado de la región surcolombiana; los más de 5 años que han transcurrido desde la adjudicación y firma del acta de inicio del referido contrato, el perjuicio irrogado a la región tanto por el gobierno Santos como por el actual de Duque en virtud a la excesiva demora en que se inicie la real ejecución y avance de las obras, permite concluir que en el asunto de las responsabilidades políticas de los dos gobiernos existen verdades a medias que son finalmente mentiras completas.
El examen objetivo de tales responsabilidades es sencillo. En el gobierno Santos, siendo el zar de la infraestructura Vargas Lleras, el contrato nunca tuvo ejecución real durante cerca de 20 meses. Durante el presente gobierno Duque han transcurrido 31 meses, se han impuesto multas por 24 Mil Millones, pero no se tuvo la prudencia y sensatez de declarar la caducidad con fundamento legal indiscutible.
Han preferido concertar una cesión que a todas luces es muy compleja por la evidente quiebra de Solarte que pretende una suma que no corresponde a sus reales derechos financieros en el fallido contrato. Si hubiesen tenido el coraje de declarar la caducidad desde el primer momento seguramente ya tendríamos un nuevo contratista ejecutando las obras y con avances. Por demás, como ya se está observando, si se concreta la cesión las condiciones técnicas y ambientales originales de la vía se desmejoran ostensiblemente y la amenaza de los nuevos peajes genera factores de protestas y malestar en la población.
Personalmente debo confesar que voté e hice campaña por Duque pero ello no me impide ser crítico de los errores evidentes de su gobierno y creo sinceramente que éste es uno de ellos, porque a los huilenses y surcolombianos nos genera una gran frustración el retraso del proyecto y además nos causa grandes perjuicios.
Este enojoso asunto sirve además para recordarle a los amigos del gobierno Duque que al gobernante debe decírsele la verdad, sin lisonjas y con respeto.
Como dicen algunos con picante sorna. Hubiésemos preferido tener muy avanzado el proyecto a cambio de la Cruz de Boyacá.
