POR: Melquisedec Torres
La cifra global es de $600 mil millones de déficit, de hueco, de casi quiebra en que dejó Gustavo Petro la salud pública de Bogotá al dejar su alcaldía. Además, a 14 de los 22 hospitales públicos en riesgo financiero, pues su cartera pasó de $600 mil millones en 2012 a $1.1 billones en 2016, y Capital Salud, que les debía $420 mil millones, fue sometida a vigilancia especial por la Supersalud en octubre de 2015 y sigue bajo medida preventiva.
Pero hay mucho más que no se ha revelado hasta hoy. Tuve acceso a una auditoría forense confidencial, elaborada por la prestigiosa Kpmg International, que revisó cómo el gobierno de Petro manejó Capital Salud, la EPS pública bogotana que atiende a más de un millón de usuarios en Bogotá y el Meta.
Capital Salud es 51 % del Distrito y 49 % de la privada Salud Total, de la familia Wilches Rozo. La auditoría de Kpmg cubrió de octubre de 2014 a mayo de 2016; analizaron más de 3,5 millones de documentos y encontraron (el informe tiene 119 páginas) posibles altísimos sobrecostos, contrataciones no justificadas, conflictos de intereses, falsedad en documentos, entre otras perlas:
Hallaron $401 mil millones en contratos sin soportes de pólizas de responsabilidad en los hospitales, IPS y clínicas a cargo o contratados por Capital Salud, como Hospital del Tunal, $225 mil millones, y Hospital Meissen, $138 mil millones; sin pólizas ni tampoco portafolio de servicios que, dice Kpmg, son documentos indispensables y violando todos los principios de contratación.
El 95 % de esos contratos analizados, por más de $1 billón, no tuvieron participación de comités de contratación, incumpliendo la ley y manuales; solo 4 de 79 grandes contratos revisados cumplían eso; más del 50 % no se pudo revisar en sus posibles sobrecostos pues no tenían tablas de negociación con proveedores.
En 3 de cada 4 contratos no había supervisor, el 90 % no tenía actas de liquidación; de 37 grandes contratos administrativos, solo 10 se adjudicaron por licitación (con un solo oferente) por $14.965 millones, y 23 se entregaron a dedo por $31.826 millones.
Kpmg califica las etapas precontractuales como nulas o deficientes, y deficiente la gestión administrativa: encontró que Capital Salud contrató a empresas de salud en Bogotá y Meta que no tenían habilitación legal para esos servicios; detectó más de $367 mil millones en cuentas médicas sin auditoría médica, con alto riesgo de error o fraude (26 % de todas las cuentas), y que se pagaron $363 mil millones en anticipos sin soportes completos o sin ellos.
El informe deja en evidencia que el entonces alcalde Petro no se preocupó por saber si había un alto conflicto de intereses de la familia Wilches Rozo, dueña de Salud Total y socia de Capital Salud, pues a su vez son o eran dueños de las clínicas Virrey Solís y los Nogales y de los laboratorios Idime, frecuentes contratistas de la misma Capital Salud.
Petro propone derogar la ley 100 y devolvernos al esquema de una salud pública 100 % en todo el país. ¿Es el presidente para esa tarea?
