La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, emitió medidas cautelares contra diez empresas que participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados realizados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre los años 2017 y 2023.
Estas medidas surgen como resultado de las denuncias presentadas por la propia UNP contra los proponentes y los irregulares procesos de selección durante dicho período.
Las empresas afectadas por las medidas cautelares son: NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA., G M W SECURITY RENT A CAR LTDA., BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA., VEHÍCULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA, ALLIANCE SECURITY RENT CAR LTDA., M.I. BLINDAJES LTDA., VECTOR LTDA. ALQUILER DE VEHÍCULOS BLINDADOS, NACIONAL RENT CAR LTDA. y ARRENDADORA DE VEHÍCULOS BLINDADOS – ARMATI LTDA.
Las medidas cautelares dictadas por la Superindustria buscan frenar comportamientos que van en contra de la libre competencia económica y garantizar la protección inmediata de la vida e integridad de personas en situaciones de riesgo extraordinario o extremo.
Puede leer: Defensoría tramitó 8.800 casos de violencia de género en 2023
Las medidas incluyen la suspensión inmediata de cualquier conducta destinada a coordinar ilegalmente el comportamiento de los proponentes, así como la prohibición de realizar apagados remotos o retirar de funcionamiento los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP sin una justificación objetiva y razonable relacionada con la seguridad de las personas protegidas.
Además, se ordena a las empresas abstenerse de usar mecanismos irregulares de coerción que puedan afectar la debida prestación del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP.
La Superintendencia de Industria y Comercio realizó un estudio del material probatorio aportado y revisó todos los procesos de selección llevados a cabo por la UNP durante el período mencionado. Se encontró que las empresas participantes habrían repartido sistemáticamente las zonas de manera que se presentaban como únicos proponentes, impidiendo así la competencia y evitando que la UNP obtuviera mejores condiciones de contratación.
La Superintendencia identificó un sistema de repartición por turnos entre las empresas, lo que sugiere acuerdos ilegales para mantener la exclusividad en las licitaciones. También se reportaron acciones coercitivas, como el apagado remoto de vehículos blindados, poniendo en riesgo la vida de las personas en situaciones de riesgo extremo.
Le puede interesar: Presidente Petro convoca a marcha por la paz
