Detrás del asesino de la pequeña María Camila Plazas Luna de 10 años de edad, está un hombre calculador, defendido por dos reconocidos profesionales del derecho, uno de ellos muy afamado y que ha hecho parte de casos tan importantes como el de la narcoavioneta de San Andrés, donde su protegido fue el capitán de la Policía extraditado por facilitar el millonario cargamento de coca. La mamá del asesino de la niña es una abogada residente en la ciudad de Bogotá. Detalles exclusivos.
DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES
El crimen de la pequeña María Camila Plazas Luna no ha dejado de conmover a los colombianos, principalmente a los huilenses quienes con reproche exigen justicia frente a esta atrocidad que hoy tiene sin vida a una pequeña niña y en prisión y con muchas probabilidades de ser dejado en libertad, a un hombre de 27 años de edad, reincidente en la comisión de delitos, y de quienes sus abogados pretenden demostrar su inimputabilidad, dizque por ser un paciente psiquiátrico.
El crimen de María Camila es el primero ocurrido en el presente año en el departamento del Huila; la violencia ejercida contra la menor, contra su abuela e incluso la mascota de la vivienda, deja ver la sevicia con la que fueron atacadas por cuenta de Jonathan Francisco, quien tan solo dos días antes del crimen había salido de prisión por el delito de acto sexual.
¿Protegido por quién?
Diario del Huila conoció información exclusiva, que deja ver el poder que hay detrás de este delincuente y las manos oscuras que tratan de sacarlo a flote en todo este lio judicial.
La mamá del asesino es Gloría María Tapias Sarmiento, abogada residente en la ciudad de Bogotá quien ha tenido cierta cercanía con el sistema judicial de la capital de la Republica, dado sus ejercicios como litigante y por algunas acciones judiciales que ha adelantado en la capital del país, donde ha podido conocer y tener acceso al poder judicial.
Los abogados que representan a este sujeto, fueron contratados de forma particular, no es solo un abogado el que está al frente de la situación, sino dos profesionales del derecho que buscan a toda costa tratar de demostrar que su cliente es inimputable, dizque por problemas psiquiátricos.
Uno de los abogados es Javier Adolfo Mancera Niño, quien ha estado al frente de casos muy importantes y de renombre nacional, como por ejemplo el más reciente y que causó revuelo, de la narcoavioneta con un cargamento de 446 paquetes de clorhidrato de cocaína y 102 millones de pesos dentro de cajas con ayuda humanitaria (tapabocas y medicinas) para los habitantes del archipiélago afectado por el paso del huracán Iota y la covid-19, cargamento que fue incautado en el aeropuerto El Embrujo, en la isla de Providencia, el 23 de mayo de 2021.
En dicho operativo cayó un capitán de la Policía que además fue extraditado por dicho delito y cuyo apoderado fue el señor Mancera Niño, sumado a los profesionales de De La Espriella Lawyers Enterprise (firma de abogados del polémico y controvertido Abelardo de la Espriella), quienes representaron a la actriz Alejandra Azcarate ante los daños y prejuicios que le había causado dicho acto y el manejo de la información, porque su esposo Miguel Jaramillo, estaba vinculado en el caso de la narcoavioneta.
Ahora bien, el abogado Javier Adolfo Mancera Niño, es el apoderado de García Tapias, fue contratado para que “salvara” a toda costa de la cárcel a este sujeto quien, además, ya tiene antecedentes por delitos como acto sexual por hechos sucedidos en el año 2019 en la capital del país.
La jugada del penalista es demostrar, que este sujeto que el quitó la vida a una niña de tan solo 10 años de edad, podría ser inimputable, por su condición psiquiátrica que desde el primer momento trataron de mantener en firme, pero que ante la ausencia de evidencias se esfumó.
La presencia de este abogado en este caso, ha dejado boquiabiertos a quienes conocen la situación, primero por el hecho de que un profesional de esta índole tenga este caso, y segundo por la gruesa suma de dinero que pueden estar pagando los familiares de García Tapia para que el apoderado sea este hombre y, junto al otro abogado del caso, también contratado de forma particular y procedente de Bogotá, se estén jugando todas las cartas a favor del señalado homicida.
El As bajo la manga
En el tendido de la gravedad del delito cometido, Jonathan García por bien que le vaya podría estarse enfrentando a una pena de 50 años de prisión por las siguientes razones: el homicidio de María Camila, las heridas de gravedad a su abuela, Luz Marina Valderrama de Luna, y la muerte de la mascota. Por esta razón según versiones conocidas de forma preliminar, el apoderado indicó en las audiencias preliminares que su estrategia de defensa, sería declararlo paciente psiquiátrico.
Esto con el fin de evadir la cárcel, y que, en lugar de estar tras las rejas, sea enviado a un centro de asistencia especializada; esta maniobra jurídica quedó planteada en las audiencias preliminares, ante la Juez Promiscua Municipal de Palestina con Funciones de Garantías, Martha Covaleda, cuando el abogado del joven, se opuso a la audiencia de imputación y después apeló la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Intentando reforzar la teoría de su abogado, el señalado homicida aseguró que no tenía la más mínima idea de qué lo estaban acusando y como cual cereza para el pastel, afirmó querer mucho a los animalitos y que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó.
En el desarrollo de esta audiencia, la juez no aceptó las peticiones del defensor del procesado. “La defensa presentó documentación como paciente psiquiátrico, mencionó, pero no acreditó actualizado nada, solo hizo referencia a unas citas y medicamentos formulados”, dijo una fuente cercana al caso.
El único fin de los abogados de García Tapia, es convencer a al juez que su cliente a la hora de cometer la conducta punible no era conocedor de su actuar, y que su actuar era contrario a derecho.
Al término de la audiencia, los delitos que finalmente le imputaron al acusado fue homicidio agravado, “por ser la víctima menor de edad, no tiene derecho a rebajas, así aceptará los cargos”, además, deberá responder por los delitos de tentativa homicidio agravado por las heridas que sufrió la abuela de la niña y maltrato animal agravado por haber matado a la mascota delante de varios niños.
El día del crimen
En dialogo con Diario del Huila, el comandante de la Policía en el departamento del Huila, coronel Gustavo Adolfo Camargo, indicó que, este hombre al parecer bajo sustancias estupefacientes se encontraba merodeando el sector del barrio La Virginia, y en un descuido ingresó al inmueble donde se encontraba la niña que recién había llegado de la tienda junto a su abuela mayor de 60 años de edad, en ese momento las dos estaban solas, la madre de la menor había salido de trabajar y en cuestión de minutos ocurrió el crimen.
García Tapias llegó con la intención, al parecer, de cometer un hurto, “la niña es la que abre la puerta y una vez él la observa trata de abusarla sexualmente, la abuela interviene y es cuando es atacada con el cuchillo que llevaba el delincuente, una mascota de la casa también trató de defender a la pequeña, pero igualmente fue atacada a cuchillo y murió en el lugar”, afirmó el coronel.
El imputado agredió en cuatro oportunidades en la espalda a María Camila, de 10 años. La menor malherida sale de la casa en busca de ayuda y a los pocos pasos cae al piso. “Todo quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona”, dijo una fuente judicial, al señalar que el hombre huye siendo perseguido por los vecinos, que en medio de la persecución dan aviso a las autoridades y en una rápida reacción y aplicando el denominado Plan Candado, ubican al sospechoso a pocas cuadras de la casa debajo del puente sobre el río Guarapas. Allí el hombre se estaba cambiando la ropa al estar salpicado de sangre, sin embargo, el arma homicida le fue hallada en su poder.
De ahí surge el interrogante que ha sido planteado por el ente acusador ¿si es paciente psiquiátrico y no sabía lo que había hecho, como justifica que en su huida se haya escondido y además haya sido descubierto tratando de quitarse la ropa para ocultar las evidencias en su contra?
¿Cuál camino escogerán?
Esto no termina aquí, porque a los abogados del señalado agresor le quedan dos caminos para continuar con la estrategia de defensa y conseguir que un juez de garantías modifique la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por ahora se espera que un juez en segunda instancia defina si mantiene o revoca la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta por el juez de garantías. Una vez se conozca la decisión de la apelación y si esta confirma la medida de aseguramiento carcelario, la defensa podrá volver a solicitar ante el juez de garantías la modificación para que sea recluido en un hospital psiquiátrico para tratamiento.
Los exámenes médicos pueden ser de un especialista particular y no necesariamente por forense de Medicina Legal, porque la jurisprudencia ha dado la opción de que se puede presentar a través de médico particular.
Inicialmente fue trasladado a la cárcel de Pitalito, pero por solicitud del mismo alcalde del municipio, el acusado fue llevado a una cárcel de máxima seguridad. La Picota, en Bogotá, cuyo trasladado ya se hizo efectivo.
¿Por qué solo 16 meses de prisión?
Jonathan García había estado en prisión 16 meses antes del crimen, acusado del delito de acto sexual violento.
Los hechos se presentaron el pasado 20 de noviembre de 2019 cuando según las investigaciones una mujer tomó el servicio de Transmilenio en el Portal Sur; tras una hora de recorrido se hizo a su lado un hombre con una maleta, que empezó a tocarla de forma incomoda a tal punto que ella se retiró del lugar. Algunos minutos después, la joven sintió en su pantalón algo húmedo y viscoso; degeneradamente aquel hombre que era Jonathan García Tapias se había masturbado y eyaculó sobre ella; el depravado hombre escapó, pero gracias al apoyo de la comunidad y la reacción de la Policía, fue detenido en flagrancia.
Por lo La Fiscalía le imputó a Jonathan García acto sexual violento y solicitó en su momento medida de aseguramiento, pero luego la solicitud fue retirada y García quedó libre. Para febrero del año siguiente, la Fiscalía radicó la acusación cuyos cargos no fueron aceptados por el procesado.
Cuatro meses después, el ente acusador le pide a la víctima que declare para el juicio, ella no acepta alegando que «después de 2 años quiero olvidar eso, no vale la pena». Con esa negativa, entre mayo 2020 y julio 2021 se adelantaron las audiencias de acusación y en septiembre 2021 se llegó a un preacuerdo con García, quien acepta el delito de injuria por vía de hecho.
El calificativo de acto sexual violento se mantiene, pero se negoció la pena por injuria por vía de hecho, a 16 meses de prisión efectiva. Esta decisión fue apelada por la defensa del acusado y en diciembre de 2021 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena por injuria y mantiene la calificación de acto sexual violento. Ante esto, el hombre fue a prisión y meses después trasladado a Pitalito por tema de hacinamiento carcelario, donde el 25 de enero fue dejado en libertad por el cumplimiento de la pena y es cuando dos días después le quita la vida a la pequeña María Camila.
