Por Diana Montes
“Que no se repita la tragedia de hace 38 años en Armero”, es el clamor de los colombianos que residimos en uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Nuestra diversidad ambiental nos ha regalado volcanes como el Cerro Machín, Nevado del Ruiz, Nevado del Huila y uno de los más peligrosos del continente, el Galeras, ubicado en Nariño, que presenta un mayor registro histórico de actividad con constantes expulsiones de humo y ceniza. Pese a que el Gobierno había recibido advertencias por la actividad del Nevado del Ruiz, a la población la tomó por sorpresa la erupción del 13 de noviembre de 1985, que causó avalancha de lodo, tierra y escombros, producto del vulcanismo y causó la muerte a 25.000 personas, además de miles de desplazados y familias rotas. Es la mayor tragedia natural registrada en Colombia. Imborrable el impacto causó la muerte de Omayra Sánchez, de 13 años, quien falleció después de estar atrapada tres días entre el lodo y los restos de su casa. Esta situación abrió el debate sobre el grado de responsabilidad del Estado en la catástrofe, lo que obligó a crear políticas públicas al respecto. Se cristalizó la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”. Es así como surge una política pública de obligatorio cumplimiento para todos los alcaldes en la implementación de objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de desastres que permitiría tomar acciones en situaciones de desastres, pudiendo garantizar la vida y la dignidad de los ciudadanos. Si bien es cierto que la gestión del riesgo de desastres es una política pública que protege derechos colectivos como el medio ambiente sano, la conservación de los recursos naturales, y por conexidad con el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana pasan a ser derechos fundamentales, considero que aún es una ley que no se materializa en su totalidad por falta de conciencia y conocimiento. “La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”, dice la Ley. El desconocimiento conlleva a que los alcaldes y en gran parte, el 87.6 % de los municipios que son de sexta categoría, trasladen la responsabilidad a la Nación, alegando falta de recursos, sin gestionar otras fuentes. Finalmente, la falta de planes de ordenamiento territoriales actualizados en los municipios y no estructurar sus Fondos de Gestión del Riesgo de Desastres como define la Ley, genera traumatismos para llevar a cabo los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres. Estamos obligados a tener mayor conciencia para ayudar a evitar que la tragedia se repita.
