ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Docente de la Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
Recientemente vi una noticia en la que se describía cómo Alias Satanás, un delincuente recluido en la cárcel de Tramacúa, en Valledupar, amenaza a la directora de la cárcel, señalando que va a asesinar a los guardias del INPEC si no es trasladado de patio y es denunciado por pagar por el arrendamiento de un celular, o incluso por comprar uno de ellos a un precio elevado, presuntamente a personal del penal, lo cual está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.
La situación crítica de las cárceles en Colombia ha sido documentada y ampliamente estudiada por la Corte Constitucional, al punto de declarar en dos oportunidades el Estado de Cosas Inconstitucional. En estas sentencias se describen los graves casos de hacinamiento, las pocas o nulas oportunidades de acceso a la educación (menos del 5% recibe este beneficio) y oportunidades laborales, así como la falta de acceso a condiciones mínimas de vida, desde alimentación hasta salud. Todas estas situaciones revierten en que de cada 100 personas que llegan a la cárcel, 21 de ellas vuelven a delinquir y regresan a la cárcel (INPEC, 2024). Para los entendidos en el tema, en la cárcel definitivamente no se cumple con el fin fundamental de la pena de resocialización del delincuente, y mucho menos con la reparación a la víctima.
Si queremos combatir el crimen, la experiencia comparada nos puede ayudar a cumplir con este objetivo. En Japón, por ejemplo, existe un régimen penitenciario muy estricto en el que se controlan todos los aspectos del penado. Por ejemplo, es una obligación trabajar, pues el trabajo ayuda a su proceso de reflexión y arrepentimiento de lo hecho, y permite mantenerlo ocupado para que no tenga tiempo de pensar en cosas indebidas. Igualmente, el régimen es cuasi militar, lo que implica que las personas recluidas tengan que hacer ejercicio todos los días, limpiar perfectamente el lugar que habitan y cumplir con las reglas del penal, que señalan, por ejemplo, un tiempo para comer y regulan la cantidad de comida que puede recibir de acuerdo al trabajo que realiza, así como otro para hablar, otro para trabajar, etc. Una de las cosas más particulares del modelo japonés se refiere a la condición de los guardias, que son cinturones negros de karate y no están armados sino con un tonfa, popularmente llamado bolillo, que generalmente nunca utilizan, pues los presos son muy obedientes a sus órdenes. De no ser así, pasan a un lugar llamado el centro de reflexión, donde son amarrados de pies y manos mediante un cinturón de seguridad, y deben permanecer en silencio y mirando hacia un mismo punto para reflexionar sobre su conducta. En este sitio no tienen derecho a ningún tipo de comunicación con el exterior, y se les quitan los privilegios de tener papel para escribir o ver televisión, permaneciendo en absoluto silencio.
En Noruega o Suecia, el modelo se inspira en la normalidad de las personas y el respecto por los derechos a la dignidad de los mismos, las cárceles se asemejan más a un hotel que a lo que normalmente entenderíamos en Latinoamérica como un penal. Allí existen excelentes condiciones de acceso a educación, trabajo y bienestar social, ya que cuentan con un equipo interdisciplinario que los atiende para ayudarles a superar sus tendencias delincuenciales y su inclinación a la criminalidad. Lo que esperan es que cuando salgan, no vuelvan a reincidir.
En particular, en Colombia, dada nuestra cultura, necesitamos combinar estos modelos de cárceles y procurar, en principio, prevenir el delito realizando grandes apuestas para superar la pobreza extrema, que es un verdadero incentivo para la criminalidad, pero igualmente fortalecer la ejecución de las penas contra delincuentes de cuello blanco que, de paso, son los responsables con sus robos de que muchas personas no tengan acceso a educación, vivienda, trabajo y salud. Igualmente, me atrevería a decir que el régimen japonés nos puede enseñar mucho sobre cómo resocializar a los delincuentes, sobre todo cuando desde el primer día tienen que trabajar para ocupar su mente y así mantenerlos alejados de la criminalidad. El propósito final de la reforma tendrá que ser evitar que nuestras cárceles sigan siendo unas universidades del crimen y se conviertan en centros de rehabilitación y resocialización de los delincuentes en Colombia en el verdadero sentido de la palabra.
