Por: Fernando Guzmán R.
La CIDH concluyó su visita de trabajo en Colombia, adelantada en medio de tensiones por la complejidad y gravedad de la situación a raíz de la protesta social desatada desde el pasado 28 de abril. Y de los prejuicios de algunos sectores sobre su papel y objetividad. Los gobiernos tienden a resistirse a miradas externas en no pocas ocasiones y más cuando de violación de derechos humanos se trata (Ej. Venezuela, Nicaragua o Irán). Pero, en un mundo cada vez más interdependiente este tipo de mecanismo cobra mayor valor, demandando de los Estados democráticos mejores niveles de información y disposición a rendir cuentas sobre distintas materias a partir de estándares internacionales. Y aunque la visita de la CIDH implica en la práctica poner en marcha un mecanismo regional de la OEA, la misma no es ajena a la dinámica global sobre la promoción y protección de los derechos humanos.
Desde mayo se solicitó por distintas organizaciones la visita de la Comisión, el Gobierno no la consideró oportuna y negó su autorización. Pero los acontecimientos de violencia en el marco de la protesta social se desbordaron y la presión nacional e internacional fue creciendo hasta que, en medio de su periplo diplomático buscando mejorar la imagen del Gobierno en Washington, la Vicepresidenta y recién nombrada Canciller tuvo que ceder y anunciar la autorización para la entrada de la CIDH con un plazo y una agenda que en la práctica fue una restricción.
Sin embargo, es importante destacar que la Comisión pudo desarrollar entre el 8 y 10 de junio una intensa agenda, reunirse y dialogar con distintos sectores gubernamentales y de la sociedad civil, pero sobre todo con las víctimas de violación de derechos humanos y sus familiares. Y de todos ellos recibir valiosa información. En este sentido, la visita también constituyó una pausa en medio de la turbulencia que invitó de una u otra forma a sintonizarse más en el diálogo, en escuchar, conocer, verificar y analizar información. Y sobre todo en comenzar a dar pasos fundamentales hacia el reconocimiento de la dignidad humana de las víctimas y de la gravedad de lo que está ocurriendo.
La Comisión próximamente rendirá su informe, el cual ha generado por anticipado distintas expectativas. Pues algunos que no quedaron satisfechos porque no lograron el grado de atención deseada o porque siguen aferrados a sus prejuicios sobre la naturaleza y composición de la Comisión ven un posible resultado muy negativo. El cual se adelantan a justificar con una supuesta falta de objetividad al no extenderse a lo que ellos mismos consideran “todas las víctimas del paro”.
Pero, más allá de vaticinios y cálculos políticos, lo cierto es que ha habido graves violaciones de derechos humanos y ello se verá reflejado en el informe. Y debería haber disposición para asumir responsabilidades y adoptar correctivos. De todas maneras, la justicia y los organismos de control tienen el deber legal de adelantar las investigaciones y sancionar a los responsables. El informe será el espejo en donde debemos mirarnos, sobre todo el Gobierno ya que la protección de los derecho humanos -aún en medio de la protesta- requiere una intervención activa por parte del Estado que se precie democrático.
