Producto del debilitamiento progresivo que han tenido las fuerzas militares y la Fuerza pública en el país desde que asumió el poder la actual administración del presidente Gustavo Petro Urrego, el problema del orden público se ha venido intensificando en algunos territorios del país. La sociedad huilense nunca pensó que nos tocaría volver a vivir la zozobra que vivimos en la última década del siglo pasado, cuando se presentaron los más violentos casos de violencia, ataques a la población civil y del aparato militar del Estado, secuestros, amenazas, extorsiones, asesinatos, masacres, entre otros eventos trágicos de ingrata recordación. Nuevamente algunos dirigentes políticos de la región surcolombiana han sido amenazados, al igual que varios empresarios de la región. Nunca pensamos que este fuera el cambio que prometieron. La inseguridad se encuentra desbordada.
Por eso es inaudito, que el gobierno nacional pretenda disminuir en 9 billones de pesos al sector de la defensa nacional en el presupuesto nacional para el presente cuatrienio, si por el contrario tenemos un aumento exponencial de nuevas organizaciones narcoterroristas que hacen presencia en el territorio nacional. No estamos generando pánico con estas afirmaciones. Ahí están los indicadores y los resultados del aumento de la criminalidad en Colombia. Consideramos que el gobierno nacional no debe seguir debilitando este sector. Igualmente debemos seguir fortaleciendo la inversión social y económica para mejorar el bienestar general de las familias colombianas. Se debe crear ambientes para incrementar los niveles de productividad y competitividad en la dinámica productiva del país.
El gobierno nacional, debe reorientar su accionar para buscar consensos entre todos los actores de la vida pública. Deben eliminar en su actuar gubernamental, el sesgo ideológico, los odios, las luchas de clases, la arrogancia y la vanidad con el fin de generar sinergias interinstitucionales para que logremos construir el país soñados por todo, donde exista una paz total, bienestar general, crecimiento económico, entre otros factores indispensables para lograr una verdadera convivencia entre los colombianos. Sino lo hacen, estamos condenados a vivir soportando un ambiente degradante contra la dignidad humana y un país donde no se guarde el respeto por la integridad personal de los colombianos.
Por este motivo, no es justo que mientras se mantengan los diálogos del gobierno nacional, con el ELN en México y se busquen consensos con otras organizaciones narcoterroristas, persistan esta clase de amenazas contra la dirigencia política y la clase empresarial en nuestro territorio. La democracia hay que defenderla y debemos seguir defendiéndola como el mejor camino para lograr el sendero hacia la prosperidad y el bienestar general de los colombianos. Estos hechos violentos se deben suspender porque superan cualquier lógica. Nos retrotraen a las peores épocas de violencia en todas sus manifestaciones y retroalimenta la percepción de inseguridad en la ciudadanía que actualmente presenta el país.
