Por: Carlos Tobar
Varios hechos recientes en materia de finanzas regionales prenden las alarmas por el impacto que van a tener en los limitados presupuestos destinados a atender necesidades apremiantes de los ciudadanos.
De entrada, en un debate en la asamblea sobre el comportamiento de las rentas propias del departamento, supimos de la caída significativa en el recaudo de juegos de azar, licores y cigarrillos, varios de los ingresos importantes para atender las inversiones en salud. La pérdida de licores y cigarrillos en el año 2023 fue de $15.000 millones y para este año la disminución proyectada puede ser del 65%. En juegos de azar, especialmente chance, el juego ilegal alcanza cerca del 50%.
Adicionalmente, las transferencias de la nación a departamentos y municipios se están viendo menguadas por las crecientes dificultades de los ingresos corrientes de la nación, que, sobre todo, en las rentas tributarias está teniendo una caída cercana al 30% durante lo corrido del año. Ya a causa de esto, los recortes del presupuesto de este año han superado los 20 billones de pesos, la mayor parte en los rubros de inversión.
Pero, el dato que más preocupa es la disminución de las regalías, aunque en el bienio 2025-2026 se mantienen de manera relativa, porque dependerán de los ingresos reales, la caída esperada a partir del año 2027 puede ser de la mitad o más. La causa es la política del gobierno Petro de suspender la adjudicación de contratos de exploración y explotación en petróleo, gas y carbón.
Es tal el golpe que el gobernador Rodrigo Villalba afirmó que es una ‘mala noticia’. Máxime, si entendemos que estos recursos están destinados a inversión: son los pocos recursos seguros para atender obras urgentes en vías, acueductos, alcantarillados, hospitales, escuelas y colegios, etc.
Para buscar una salida a los limitados ingresos regionales, algunos sectores políticos en el congreso están planteando descentralizar más las finanzas territoriales, modificando la norma de transferencias del sector central hacia departamentos y municipios. Es modificar el Sistema General de Participaciones, tal como se le conoce.
Varias consideraciones que me parecen importantes. Primera, atar el SGP a los ingresos corrientes de la nación pasando del 35% promedio actual, al 41% sin que se modifique la estructura productiva del país, es decir, sin crecer, sin crear riqueza adicional, es una imposibilidad real. No solo se aumentaría la inflexibilidad del gasto público que hoy ronda el 85% del presupuesto al absurdo 95%, sino que los incrementos anuales establecidos serían impensables.
La otra es la propuesta de modificar la repartición del SGP por el criterio de asignación por densidad de población y satisfacción de necesidades básicas, se tendría que hacer negando la actual composición poblacional del país que, tiene la mayor cantidad concentrada en la región central.
El tema es grueso y estoy seguro de que será discutido a profundidad en el futuro inmediato.
Neiva, 14 de octubre de 2024
