Atalaya
Por: Libardo Montealegre Murcia
Un industrial retrató con fina ironía a sus colegas cuando dijo que parecían focas aplaudiendo el revelador discurso del nuevo presidente en la Asamblea de la Andi en Cartagena.
Este discurso ha sido revelador en varios sentidos, el mensaje más importante creo que fue el de que el país necesita más Estado, más intervención estatal, y que ésta se va a dar por todos los medios, uno de ellos, con una reforma tributaria tendiente a recaudar más ingresos para el Estado. Este planteamiento intervencionista es la vieja teoría cepalina que privilegia la intervención del Estado en todas las áreas en busca de la igualdad social, una versión descolorida de las economías centralizadas que en las décadas de los 60 y los 70 eran las banderas de las izquierdas radicales en el mundo.
La propuesta del actual gobierno es, vengo a recoger $25.000 billones a como dé lugar. Así lo ha dicho el presidente en Cartagena y el MinHacienda en reportajes. Pero ¿de dónde va a salir esta impresionante cifra? La parte más significativa, de las personas naturales, que es de donde es más fácil extraerla. De acuerdo con documento oficial del ministro de Hacienda, con esta reforma $8.5 billones de pesos serán aportados en el año 2023 por impuestos a la renta y al patrimonio a las personas naturales. Me pregunto, ¿está la economía de la personas naturales lo suficientemente solida como para extraerle la desproporcionada suma de $8.5 billones en un año?, de manera habilidosa se presenta por parte del gobierno esta cifra englobando a la clase media con los más ricos, disfrazando esto con el discurso que los que van a pagar la reforma son los más ricos sin reconocer que esta va tocar de manera inclemente a la clase media vía los impuestos directos e indirectos que vienen en el articulado de la reforma tributaria.
La industria a la que el nuevo gobierno presenta como responsable y depredadora del ingreso del pueblo, llevará una buen parte también. $5.1 billones deberá pagar en el 2023. Este apretón se traducirá en disminución de la inversión, en el cierre de mipymes (no las empresas de la Andi) y el impacto consiguiente en el empleo y la demanda de bienes y servicios en el país.
Hay que reconocer un gran acierto en el proyecto de reforma tributaria y es el impuesto que se propone a los recursos del uso del subsuelo del Estado, que estima el MinHacienda en $7.0 billones, impuesto que no afectaría directamente el bolsillo de las clases medias ni al pueblo común y corriente. La argumentación del MinHacienda es válida y técnicamente demostrable que con los actuales precios del petróleo, el oro, el níquel a nivel internacional no debería afectar este impuesto los proyectos actuales de las empresas en esos sectores. La pregunta es, ¿y cuando venga la destorcida de esos precios?
Ningún anuncio de contención en el gasto del Estado. Creo que fue apresurado el aplauso de la Andi en Cartagena al presidente en la presentación de su visión de Estado intervencionista y alcabalero. Quedaron como dijo el industrial colega de los de la Andi: como focas aplaudiendo. Veremos si dentro de un año, si es que hay reunión de la Andi, todavía siguen las focas aplaudiendo.
