Desde la Federación Comunal del Huila, indicaron que los $1.700 millones de presupuesto para el Instituto Departamental de Acción Comunal Idaco, no es suficiente. En este sentido los comunales esperan que aumenten este rubro para que puedan ejecutar proyectos para el beneficio de toda la población.
Diario del Huila, Investigación
Por: Unidad Investigativa
Cerca de 200 líderes comunales habrían sido amenazados por actores al margen de la ley y en los mismos existe la ‘ley del silencio’, que les permite sobrevivir ante la problemática de seguridad que afecta la región. Hay casos de líderes que no asisten a las reuniones planteadas por los grupos disidentes y son quienes terminan amenazados y en los casos más graves son obligados a abandonar sus territorios, una especie de exilio forzoso.
Ahora en Colombia, la defensa de los derechos humanos enfrenta un desafío alarmante: en promedio, cada dos días un líder social es asesinado. Esta cifra refleja una crisis persistente y sistemática, que afecta de manera particular a las regiones más vulnerables del país, donde la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial agravan la situación.
Entre los municipios, donde los dirigentes, han recibido alguna clase de intimidación o amenazas en su contra, se encuentran: La Plata, Santa María, Garzón, Pitalito, Isnos y San Agustín, así como los ubicados en el norte de la región.
Escasa inversión
En relación al presupuesto manejado por el Instituto Departamental de Acción Comunal Idaco, Luis Humberto Soto, vicepresidente de la Federación Comunal del Huila expresó: “no sabíamos que Idaco maneja un presupuesto de $1.728 millones, nos parece poco. Y hemos planteado la creación de un fondo de fortalecimiento comunal, que maneje entre $2.000 y $4.000 millones, para que sirva de apoyo a los planes comunales de los municipios, propuesta que se encuentra en el Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental. Esperamos que los diputados de la Asamblea del Huila, la aprueben para el año venidero”.
Además, se esté gestionando un proyecto por el orden de los $1.542 millones para nueve planes.
“El primer rubro asignado, se gastaría en el pago de nómina. Hacen falta más recursos, porque hemos presentado proyectos y la respuesta dada es que no hay dinero. Y el segundo monto ($1.542 millones), es para hacer el día del líder comunal en 2025; para proyecto de inspección, vigilancia y control se van a invertir, $360 millones; fortalecimiento de las Comisiones Empresariales por un costo de $56 millones; fortalecimiento del Comité de Convivencia por un valor de $56 millones; celebración del día comunal en el que se invertirían $200 millones, juegos comunales en el que se invertirían $ 549 millones, actualización de esta política, $120 millones, dotación tecnológica, $100 millones; $160 millones para la compra del software (para realizar trámites).
Y en relación a las Comisiones Empresariales, es donde la JAC pueden desarrollar sus ideas económicas.
Práctica realizada
Según el líder, durante el periodo de gobierno, de Carlos Julio González, se firmaron 64 convenios solidarios de mantenimiento rutinario con este tipo de asociaciones, en tiempos en que no existían estas figuras. “Hoy dos periodos después, tener 150 de estos planes, serían muy pocos, porque si analizamos el caso de Idaco-Cundinamarca, ejecuta cerca de $2.000 millones en proyectos”.
En este sentido, indicó que se pueden gestionar recursos a través del Sistema de Regalías y con las JAC, se garantizaría que las obras queden bien hechas, situación distante a la actual donde hay obras que no se terminaron, se robaron los recursos.
Las JAC y violencia
Asimismo, investigaciones realizadas, han permitido conocer que el Estado en los territorios apartados, está representado en las JAC o el profesor. Y además, cuando los actores armados, los citan a reuniones, deben asistir, porque de lo contrario deben ‘empacar sus maletas’ e irse de la vereda.
Los miembros de las Juntas, se encuentran entre la ‘espada y la pared’, porque cuando asisten a las reuniones, son estigmatizados desde la institucionalidad, por ir a estos encuentros, piensan que están ayudando a los actores armados.
Ahora, se conoció que una líder detenida en el municipio de Villavieja, por supuestamente estar relacionada con actividades extorsivas, no le habrían definido su situación judicial.
Asimismo, se conoció que, por no asistir a estas citas, integrantes de estas asociaciones, tuvieron que salir de los territorios, so pena de ser asesinados por grupos de disidencias, ya unos fueron ultimados, principalmente en el año 2023.
Necesitan inversión social
En este sentido, una integrante de una JAC, que no dio su nombre por razones de seguridad, indicó: “y es que no más hablar de esta problemática es riesgoso. Por ejemplo, el Estado, no llega a la ruralidad con inversión social. Y son inversiones que esperamos por parte de las Alcaldías y la Gobernación, pero esta no ha hecho su trabajo, mientras que algunas Administraciones Municipales si lo han realizado”.
Por otra parte, uno líder comunal, agregó que podría ser ‘satanizado’ por lo que va a decir, pero son las disidencias, quienes invitan a las JAC a trabajar en proyectos para el goce de la comunidad.
En este aspecto, hay dos caras de la ‘moneda’, primero la población termina siendo beneficiada y segundo, son objetos de señalamiento por recibir las ayudas de los actores armados.
Cifras vergonzosas
Ahora en Colombia, la defensa de los derechos humanos enfrenta un desafío alarmante: en promedio, cada dos días un líder social es asesinado. Esta cifra refleja una crisis persistente y sistemática que afecta de manera particular a las regiones más vulnerables del país, donde la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial agravan la situación.
Desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de agosto, se han registrado 1.420 homicidios de líderes sociales, lo que evidencia la magnitud de la problemática y la necesidad urgente de implementar acciones efectivas para contrarrestar esta alarmante situación.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la definición de líder social comprende a los defensores de derechos humanos y es más amplia en tanto reconoce como líderes o lideresas a los activistas vinculados a la defensa de derechos de la comunidad y organización en una coyuntura específica, aunque no sea su dedicación permanente. En sentido amplio todo líder social es un defensor de derechos humanos.
Esta entidad, tiene registrados 148 líderes sociales que han sido ultimados en el país.
Quince líderes amenazados
Y con el fin de entender esta cruel problemática, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo Seccional-Huila, manifestó: “nosotros de manera permanente a través de nuestra delegada de protección de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, estamos activando ruta de protección para personas líderes, lideresas y entre otros funcionarios públicos, que vienen siendo extorsionados por parte de los grupos armados, y a quienes de alguna manera, han decidido ponerle frente a esto, denunciar, se activan las rutas en Gaula Ejército o Policía”.
“Tememos que existen más de 15 líderes, lideresas y personas que ejercen estas labores en varias zonas rurales, vienen siendo objeto de amenazas, primero porque están abanderando causas, visibilizan las problemáticas y segundo por ser dueños de establecimientos comerciales, cuentan con ingresos mensuales, y a quienes les han llegado mensajes de texto”, expresó la funcionaria.
Según los investigadores, estas personas son citadas a lugares apartados, donde los obligan a adquirir una serie de compromisos para cancelar las sumas exigidas.
Gran porcentaje de estos hechos victimizantes, se registran en los municipios de Algeciras, Neiva, Villavieja, Tello, Baraya, Campoalegre y Rivera.
Ya para culminar, se conoció que hay personas que temen denunciar, por estas situación existen un subregistro, se cree que por esta causa, habrían más de 30 personas amenazadas en el Departamento.
