Por: Jaime Felipe Lozada.
En nuestro país las cárceles se han convertido desde hace décadas en la expresión máxima del delito, en el lugar en donde se llevan a cabo horrendos crímenes, pero también desde donde se ordenan los asesinatos, secuestros y extorsiones que tienen en jaque a la ciudadanía. El asesinato en días pasados del director de la cárcel La Modelo en Bogotá, coronel(r) Elmer Fernández, ordenado al parecer por un recluso con un amplio prontuario criminal, es muestra fehaciente de que nuestro sistema penitenciario fracasó y que necesita urgentes y muy profundas reformas, que nos permitan a los colombianos tener certeza de que los delincuentes y criminales serán sometidos ante la ley con dureza, sin contemplaciones y con rigurosidad.
Un fuerte sistema de justicia siempre ha sido fundamental para que las naciones transiten por la senda del desarrollo y sus sociedades sean, valga la redundancia, más justas, en el entendido de que para la supervivencia y fortalecimiento de la democracia misma es vital que el ciudadano se sienta protegido por el Estado de derecho y el sistema de justicia que lo compone, pero al mismo tiempo que sepa que quien decide trasgredir la ley recibirá todo el peso de la misma. Así lo entendieron, entre otros, los padres fundadores de Estados Unidos quienes plasmaron la importancia de un sistema de justicia realmente justo en su declaración de independencia en 1776.
Un modelo de seguridad estudiado por analistas de toda índole en los últimos años, y a la vez criticado, vilipendiado y admirado, ha sido el modelo implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, quien después de cinco años en el poder tiene una aprobación entre sus compatriotas de un 88% según las últimas mediciones, situándolo como el mandatario con la mayor aprobación entre los líderes de la región. Aprobación que se debe, en gran medida, a su lucha frontal contra la criminalidad y al endurecimiento de las penas a los criminales que tenían a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, y que hoy registra índices en seguridad mucho mejores, pues en el 2022, de acuerdo con cifras oficiales, registró la tasa más baja de homicidios en 16 años con 35 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, le devolvió a su pueblo los bienes más preciados de todos, la seguridad y la libertad.
Mucho tenemos por aprender, empezando por dejar la peligrosa costumbre de romantizar el delito y exculpar delincuentes, como con tanta frecuencia y ligereza lo hace el actual gobierno. Colombia necesita un sistema de justicia garantista con el ciudadano de bien y no con el malhechor, y a la vez, un sistema penitenciario que le permita al recluso sentir el peso de la ley sin laxitud, resocializarse y reincorporarse a la sociedad, y no que sigan siendo nuestras cárceles mecas del delito.
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