Por: Ernesto Cardoso Camacho
La dinámica del nuevo gobierno del Pacto Histórico viene mostrando diversas perspectivas, dentro de las cuales; para muchos ciudadanos es evidente la sensación de incertidumbre; para algunos otros de desconfianza; y para otros; de franco rechazo a sus actuaciones con relación a los anuncios del presidente y de algunos de sus ministros, hechos y circunstancias que justificaron las masivas marchas del pasado 26 de septiembre.
Curiosamente también se observa que en su propia bancada congresional y en numerosos electores, se vienen conociendo posturas políticas de inconformidad y desencanto, especialmente en relación con las actuaciones de los ministros y la falta de liderazgo y coherencia del gobierno.
De otra parte y quizás es un factor que contribuye en alto grado a que se estén dando estas diversas sensaciones, es el cúmulo de iniciativas legislativas con las cuales se pretende estructurar el cambio prometido.
En este aspecto, se destaca la promocionada promesa de combatir eficazmente la corrupción política y administrativa, donde la elección del Contralor y la configuración de la aplanadora en el Congreso; así como los escándalos recientes por la compra de cobijas con plumas de ganso y de otros elementos de dotación para las casas privadas de gobierno, han deteriorado ostensiblemente la credibilidad ciudadana en dicha promesa de cambio.
Aterrizando en las propuestas legislativas, se destaca la reforma tributaria que ya aprobada en primer debate por las comisiones conjuntas de senado y cámara, ha generado fuertes debates entre los agentes económicos y preocupación por sus eventuales consecuencias en la generación de empleo y la inversión extranjera, especialmente del sector energético.
Por otra parte, la oferta de negociación política con el ELN y de sometimiento a la justicia de narcos; disidentes de las farc; políticos y exfuncionarios condenados por corrupción; y de delincuentes de las bandas criminales; en donde se estructura la propuesta de “paz total”; es sin duda alguna el factor que más preocupa a muy amplios sectores de la sociedad, por considerar que constituye una réplica de la negociación política de Santos con las farc para el caso del ELN; y de una claudicación de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho frente a la delincuencia.
Así mismo, la consolidación del punto uno del Acuerdo de Paz de Santos, referente a la reforma agraria integra; ha generado el estímulo a las invasiones de predios rurales productivos; las cuales han recibido cierta tolerancia de las autoridades nacionales y regionales donde también han estado comprometidas la autoridad policiva y judicial.
Al respecto del tema agrario, se ha conocido ayer un acuerdo del ministerio de Agricultura con Fedegan, donde se establece la intención de negociar 3 millones de hectáreas productivas por un valor aproximado de 60 BILLONES de pesos, cifra muy sustantiva en el contexto de la fuerte crisis fiscal que genera suspicacias acerca de su real viabilidad financiera. Dicha eventual negociación deberá surtirse por etapas para poder sostener su gran costo. Por ahora es una expectativa que incrementa la incertidumbre.
Siguen en la agenda legislativa importantes iniciativas que están dirigidas al cumplimiento de la promesa de cambio. De ellas vale destacar la reforma pensional; de la salud, donde la idea es acabar las EPS como intermediarias financieras del sistema para reemplazarlas por una nueva y frondosa burocracia nacional, regional y municipal; la del sistema político y electoral dirigida a combatir la corrupción del sistema suprimiendo las listas abiertas y con voto preferente; entre otras modificaciones igualmente importantes. Sigue la reforma al sistema judicial que según agudos analistas y conocedores de la materia, es tímida y no apunta a las verdaderas causas de la alta congestión, impunidad y relativa corrupción especialmente en las altas cortes.
Como se puede observar, la agenda es tan amplia como conflictiva por los diversos intereses que se mueven al interior del congreso, donde el principal de ellos, es el cálculo político de los partidos hacia las elecciones de octubre del año próximo, así como los propios o personales de cada congresista.
En este contexto las perspectivas aparecen como difusas y difíciles de cumplir, lo que podría generar una nueva frustración, salvo que la oculta intención del gobierno se localice en una emergencia económica y social que evitaría la eventualidad de acudir a mecanismos extraordinarios como el referendo o la constituyente.
Sin embargo, la mayor amenaza de esas perspectivas se localiza por los lados de la crisis económica global, donde ya se anuncia una severa recesión para 2023 que agravaría en gran medida la crisis interna tanto fiscal como de la actividad económica y del empleo, circunstancias que obviamente generarían agudo malestar social y sus respectivas consecuencias políticas.
