Una de las peticiones que se hará desde la Administración Departamental, es que el Huila, sea incluido en programas como el de Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y el PDET, siglas para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. De igual manera, esperan que el Gobierno Nacional, fortalezca la política de paz e incluya a esta región, ‘azotada’ por las Disidencias de las Farc.
Cabe recordar que no solo la capital opita, ha venido siendo afectada por el terrorismo, también los municipios de Algeciras y Gigante, además de las extorsiones y asesinatos ‘selectivos’, registrados.
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La comitiva viajará a Planadas
Y en materia de seguridad, se conoció que Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, llegará al municipio de Planadas, Tolima, junto a varios de sus secretarios, donde se reunirán junto a otros gobernadores con una delegación del Gobierno Nacional, así lo expresó, Edgar Martín Lara, secretario de Gobierno.
“Este es una un Consejo de Seguridad Nacional, muy importante para la región. Estamos hablando que un conjunto de gobernadores van a ser presencia, donde va estar el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez y otros de sus ministros”, destacó el funcionario.
“El gobernador, va a poner de manifiesto las necesidades que tiene el Huila en materia de seguridad, y con la misión de proteger a nuestros ciudadanos y de seguir brindándoles la seguridad que necesita nuestro territorio”, agregó el secretario de Gobierno.
Las peticiones a realizar
Y desde la Administración Departamental, esperan que fortalezcan su política de paz, que incluya al Huila en los aspectos: económico, social.
“Que nos abran las puertas en programas, para que nuestra comunidad pueda participar y pues que haya una respuesta contundente en los procesos de paz con obligaciones de cada una de las partes, para que el Departamento tenga la seguridad que requiere”, destacó, Edgar Martín Lara.
Disidencias estarían pagando por ataques
El secretario de Gobierno, informó que han capturado a personas vinculadas con los atentados en la capital opita. “Es decir que esta es una noticia para los delincuentes, que están haciendo estas acciones y si perjudican al departamento del Huila, ahí está la Fuerza Pública respondiendo, capturando y judicializando a estos sujetos y haciendo las investigaciones pertinentes, que nos lleven a los orígenes, de ¿porque se están produciendo estos ataque con artefactos explosivos contra en el comercio de Neiva?”, indicó el funcionario.
“Se conocen algunas menciones de dinero, que están pagando para realizar este tipo de actividades, y esto es investigado por las autoridades judiciales. Por ahora lo que estamos es dando golpes contundentes contra la delincuencia, a los que vienen hacer atentados”, dijo el secretario de Gobierno.
Y de manera extraoficial, se conoció que las disidencias, estarían pagando entre $3 y $5 millones a quienes realizan los atentados con explosivos.
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Buscan recursos para víctimas
Y son cerca de 1.500 personas en el Departamento, quienes manifiestan haber sido víctimas del conflicto armado, y entre 90 y 100 personas llegan diariamente a pedir ayuda, pero no todos las situaciones, serían reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado.
Las personas que llegan a la capital opita, son de municipios cercanos, donde es tenso el conflicto armado, como es Algeciras.
En este sentido, Jorge Enrique Lozano, secretario de Paz y de Derechos Humanos Municipal, expresó: “Neiva es el municipio del sur del país, que más recepciona desplazados, y lamentable no es PDET, que son los entes con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, ni Zomac, que son un conjunto de municipios que agrupa las zonas del país más afectadas por el conflicto, por esta situación no podemos acceder a ayudas monetarias”.
“Este hecho ha sido un obstáculo para ofrecer auxilios a los afectados, por ende desde la entidad trabajamos en una hoja de ruta, que le permita a Neiva, acceder a estos recursos por mecanismos distintos, o sino que la incluyan en estas herramientas (PDET y Zomac)”, agregó el funcionario.
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Habrá incrementó del ‘pie de fuerza’
Mientras el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que 11.000 nuevos soldados se incorporarán este año a la tropa, de ellos 1.600, ya se graduaron y de este grupo, cerca de 1.000 militares llegarán en el transcurso del año a reforzar la seguridad de la región. E informó que esta es una problemática, también afecta a los departamentos del Cauca, Caquetá y Tolima.
“Con los nuevos integrantes, se creará una Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), y se ha activado una red básica de inteligencia, asimismo, establecerán unas Fuerzas Especiales Urbanas, a cargo del Ejército y por parte la Policía en conjunto con la Fiscalía, van a realizar 27 operaciones contra la extorsión”, agregó el ministro de Defensa.
“Las acciones de inteligencia e investigación, para lograr detener a 32 extorsionistas con una importancia en esa modalidad delictiva y la Policía Nacional, va a enviar a la región, 114 captores biométricos, 62 radios telecomunicaciones”, dijo el funcionario.
En este sentido, se espera la llegada de los primeros 170 militares en los próximos días con los que aspira a crear una Fuerza de Despliegue Rápido y según dijo el secretario, se espera tener varios de estos grupos de esta especialidad para brindar seguridad en la región.
Ataques por no pago de extorsiones
Y es que la actual situación que afronta Colombia por el delito de extorsión afecta de manera considerable la seguridad ciudadana, razón por la que la Defensoría del Pueblo llama a la institucionalidad gubernamental a trabajar en la implementación de medidas efectivas para contrarrestar el delito.
De acuerdo con el portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron 8188 casos; durante 2021, 8342; en 2022, 9791, y en el 2023, 9871. Es decir, el delito ha ido en aumento en los últimos cuatro años, y al comparar el número de casos entre el 2020 y el 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5%.
“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las exigencias económicas
Ya las autoridades, saben que los ataques con explosivos, se da como presión al no pago de extorsiones. “Estamos invitando a los productores a que interpongan la respectiva denuncia, porque indiscutiblemente una es la realidad, y otras son las cifras formales que tiene la Policía y Fiscalía, precisamente el ganadero ha optado por no denunciar, porque no pasa nada, no hay justicia. Entonces los estamos motivando a que hagan la respectiva declaración, porque ese será el material que puede servirle de apoyo al ente investigador”, agregó, Luceni Muñoz, directora Ejecutiva del Comité de Ganaderos del Huila.
“Indiscutiblemente, en todas las regiones del departamento, norte, centro, sur y occidente, tenemos esta clase de hechos, muchas de esas extorsiones hemos logrado identificar con el Gaula, que efectivamente son carcelarias y ahí nos han dado parte de tranquilidad”, reveló Luceni Muñoz.
Por lo anterior, es preponderante darle a conocer a los investigadores, el número de las líneas, de donde reciben las intimidaciones.
La vocera, reveló que la realidad es que donde hay mayor presencia de los grupos al margen de la ley, estarían haciendo las llamadas y no solamente a los ganaderos, también a los arroceros y cafeteros.
