Alvaro Hernando Cardona González
Recordando que el agua, como recurso natural renovable, es un bien fiscal que pertenece a la Nación colombiana, y que, por tanto, el Estado como su administrador, por medio de las autoridades ambientales, lo que otorga es un derecho de uso o aprovechamiento y nunca de dominio o propiedad, es importante informar que la legislación contiene unas prioridades para usar el agua y por tanto para tener en cuenta cuando se otorguen las concesiones de agua.
Entonces, cuando las autoridades ambientales (que en el Huila ejercen en estas materias la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Autoridad Nacional de licencias ambientales, esta última cuando tramita licencias ambientales) deben atender las solicitudes de concesiones de agua para permitir el derecho a usarlas, deben dar prioridad a estas con las siguientes prioridades: 1. para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 2. para necesidades domésticas individuales; 3. para usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 4. para usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 5. Para la generación de energía hidroeléctrica; 6. Para los usos industriales o manufactureros; 7. Para los usos mineros; 8. Para los usos recreativos comunitarios y; 9. Para los usos recreativos individuales.
Es importante agregar que las reglas generales sobre prioridades en el uso del agua son: A) el uso doméstico (satisfacer la sed, preparar alimentos y el aseo personal) tendrá siempre prioridad sobre los demás, B) los usos colectivos priman sobre los individuales y C) los usos de los habitantes de una región priman sobre los de fuera de ella (que supone se refiere a la región donde se halla la fuente hídrica).
El asunto para comentar con los lectores en esta ocasión es que es necesario tanto repasar y analizar estas prioridades; hacerlo con la mira puesta en el futuro en relación al aumento de la población, que trae consigo mayores demandas; y en relación con la necesidad de ser prácticos en buscar la eficiencia en los repartos de derechos y la vigilancia del respeto de esas imposiciones.
Postergar este análisis es enfrentar la dura realidad del agua con perspectiva de conflicto. La gente se está matando por el agua en las zonas rurales. Y con unas generaciones a las que les inculcaron “luchar” por todo y por sus “derechos”, no saben voluntaria y pacíficamente, cumplir con sus deberes, conduciendo a una intolerancia y violencia a escala incalculable. ¡Hagamos la revolución de los deberes!
