Por Juan Pablo Liévano
Algunos senadores del Pacto Histórico radicaron un proyecto de ley para despolarizar a la sociedad. Aunque loable la intención, su contenido y alcance preocupan. Se pretende, en cierta forma, acallar las voces divergentes, eliminar algunas herramientas de defensa del estado y los particulares y no hay claridad del alcance de la intervención del estado con tan loable iniciativa.
De hecho, las herramientas que se otorgan podrían terminar en un mal uso, desde el mismo estado, con opresiones injustificadas de derechos. Adicionalmente, existen disparates mayúsculos y, claro, todo con la excusa de la famosa “Paz Total”, que para muchos no es más que la falta de justicia y la impunidad. El proyecto pretende institucionalizar como política de estado la cultura del diálogo y la tolerancia. Por supuesto que dialogar y ser tolerante siempre es lo deseable. Sin embargo, hay valores y principios constitucionales que podrían ser vulnerados.
El estado debe asegurar la convivencia pacífica, pero a su vez debe proteger a los habitantes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. También hacen parte de las garantías constitucionales la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, así como el derecho a vivir en paz, es decir, sin violencia, con el pleno respeto a los derechos y una correcta aplicación de la justicia.
El proyecto establece como política de estado, la despolarización, la tolerancia, el respeto, la cultura del dialogo y de la paz. No obstante, podría terminar en la institucionalización de herramientas para censurar a quienes disientan. Lo cierto es que aquellos que respetan la ley y son vulnerados en su vida, honra y bienes, nada tienen que dialogar, ni tolerar. El proyecto continúa con artículos tan variopintos como los encuentros pedagógicos para la paz y la reconciliación, los diálogos sociales y la cátedra de paz, que parecen más espacios de proselitismo político y adoctrinamiento del propio estado. A las entidades educativas, los medios de comunicación comunitarios y a los partidos políticos se les imponen deberes especiales para evitar la polarización, lo cual implicaría una medida excesiva de intervención.
Todo parece estar orientado a censurar la censura y el disenso, pretendiendo lavarle la cara a los pasados y futuros procesos de paz, a pesar de los inconvenientes y del consciente e inadecuado abandono de la justicia como parte fundamental de la convivencia ciudadana. El proyecto además establece un tratamiento restaurativo para los delitos cometidos en las protestas sociales.
Esto quiere decir que, en lugar de una pena privativa de la libertad, se establecen sanciones restaurativas. Se deroga la defensa privilegiada, aquella que ejerce el morador sobre intrusos en su morada o dependencias inmediatas o vehículo, y el traslado de individuos cuando están bajo los
efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas y exterioricen comportamientos agresivos o temerarios. Finalmente, se obligaría a la depuración y publicidad de los archivos de inteligencia, lo cual agregaría elementos adicionales contra la reconciliación. En síntesis, se está legislando a favor de los delincuentes y para tolerar a los agresores, en contravía de la verdadera paz y reconciliación, lo cual se construye con justicia y un estado que proteja la vida, honra y bienes de los colombianos.
