Por: Luis Humberto Tovar Trujillo
El escudo nacional de Colombia nos muestra un cóndor con un letrero pisoteado por sus garras y sostenida por su pico mediante una corona que dice libertad y orden. Curiosamente, el cóndor mira hacia la derecha como si esta fuera la visión de Colombia, y así debe ser. El mensaje es subliminal.
Esta concepción heráldica de país tiene el sello del llamado “hombre de las leyes”, instituida en 1834. En la constitución de 1886, la soberanía reposaba sobre la Nación; en la de 1991, la soberanía recae sobre el pueblo. En el fondo es lo mismo, simple maquillaje.
De ahí la razón de estar fracturada la integridad nacional, donde no se respetan las decisiones del soberano, el pueblo, en quien reside la soberanía, sino que cada día se eluden las responsabilidades institucionales y, se sacrifica reiteradamente la voluntad popular por los intereses personales, destrozando la nación por pedazos y entregándola, en igual forma, a los intereses del delito y las organizaciones delincuenciales.
Eso de identificar los cargos con las personas es lo que ha hecho de nuestra maltrecha democracia una perversa costumbre; por eso las mociones de censura no prosperan, creen que salvar a una persona es hacerlo con las instituciones, es defender la autoridad.
La corrupción se convirtió en el ADN de los gobernantes de turno; tomando de Álvaro Salom Becerra el título de su libro “al pueblo nunca le toca”, cobra cada día más vigencia, en la medida en que, en su mayoría, aspiran a la dirección del Estado para servir intereses mezquinos, ruines y absolutamente contrarios a los intereses del pueblo; pero ese pueblo, donde hay que sacarlo de la ignorancia y, no utilizarlo para que contribuya con esa mezquindad.
Nuestra educación es mezquina, fraudulenta, ruin y fundada en doctrinas fracasadas.
Un pueblo que aspira a que se respeten sus decisiones; que desea que lo que se dice o promete se cumpla; devolverle la confianza legítima al Estado y a la sociedad en sus relaciones; estamos frente a un estado absolutamente deslegitimado en sus tres ramas del poder público; el Estado nuestro no es soberano porque no respeta la soberanía del pueblo establecida; el Estado y sus dirigentes son atracadores de la voluntad popular.
Hay que volver por los fueros de la libertad y el orden; todos los derechos deben ser defendidos siempre y cuando se ejerzan dentro del orden institucional; pero para ello hay que legitimar nuevamente al Estado y sus instituciones; esto lleva a la determinación definitiva de que mi derecho, tiene su límite, en el respeto al derecho del otro. Eso es legitimidad.