En la presentación del estudio “Seguridad y confiabilidad energética en Colombia (2010 – 2026), el Contralor Delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, llamó la atención sobre el ‘cuello de botella’ en que se han convertido el licenciamiento ambiental y las consultas previas.
Ahora la licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la Ley y sus reglamentos (Decreto 1076 de 2015) tiene la potencialidad de generar impactos ambientales significativos.
Ambiente y seguridad energética
“Esta es una situación común a todos los subsectores energéticos y debe ser abordado con prioridad, ya que está dilatando el tiempo de ejecución de proyectos que son vitales para garantizar la seguridad energética”, señaló Germán Castro Ferreira, Contralor Delegado de Minas y Energía.
Mencionó como caso concreto la suspensión de términos del licenciamiento ambiental del proyecto Komodo 1 en aguas ultra-profundas del Caribe, ordenada por la ANLA mediante Auto del 26 de julio pasado, medida que causará retrasos de más de un año.
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Impactos medio-ambientales
Por su parte, Carlos Hernán Rodríguez, contralor General de la República, consideró natural que haya preocupación por el impacto ambiental de proyectos energéticos, indicó que siempre va a existir algún tipo impacto.
“Si pretendemos en alguna medida que no exista ningún tipo de riesgo, ni ninguna afectación, eso jamás va a pasar en la realidad, siempre lo va a haber, y yo pienso que es necesario reflexionar en torno a ello y no solamente en el tema de exploración y explotación de petróleo”, sostuvo.
Dijo que hay que mirar también esto con las obras de infraestructura, frente a las cuales hay que realizar consultas previas, pero donde por no avanzar en ese sentido, se realizan obligaciones y contratos en los cuales el Estado termina causando una repartición importantísima, por no haber podido realizar la obra y pagando miles de millones de pesos a concesionarios privados sin estar las obras, por haber adquirido ese tipo de obligaciones y no poderla llevar a feliz término, precisamente por este tipo de circunstancias.
“Yo sí pienso que el país tiene que detenerse a preguntar, si vale la pena estar pagando miles de millones, e incluso billones de pesos, a nivel de indemnización, sin tener las obras funcionando y en adecuado servicio”, puntualizó.
Estudios rechazados
A su turno, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo: “el licenciamiento ambiental no se puede convertir en un obstáculo para proyectos que nos van a liberar de emisiones”.
Mientras el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mauricio Cabrera Leal, aseguró que este es un tema en discusión desde hace varios años, y hay que tener en cuenta que en muchos proyectos, se siguen presentando estudios de mala calidad que deben ser rechazados por la ANLA.
Y sobre el cuestionamiento del estudio de la Contraloría en cuanto a una recurrente desarticulación institucional, el viceministro dijo que nunca había visto una articulación como la que se está dando entre las entidades del actual gobierno.
Entre tanto, el senador Miguel Ángel Barreto recordó, que varias veces se ha intentado hacer cambios en el tema de las consultas previas, pero paradójicamente la presentación de un proyecto de ley en este sentido requiere una consulta previa.
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Transición energética
Y en cuanto a la transición energética, el ministro de Minas dijo: “El cambio climático no es carreta. Ya está ocurriendo y puede que los ritmos que nos imponga sean mayores a las políticas públicas y la técnica, que hoy estamos desarrollando. En esta ruta a seguir en la transición energética, no hay una receta mágica”.
Ya la presidenta de Naturgas, Luz Estella Murgas, hizo un llamado para conocer con claridad y certeza, de parte del Gobierno, si le apuesta a este sector, para usar el gas natural como vehículo para reducir pobreza y acelerar la transición energética.
Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Frank Pearl, afirmó: “La transición energética justa no ha sido definida en el mundo. Compramos un discurso de unos países riquísimos, que ya solucionaron sus temas de diversificación económica y de pobreza”.
Mientras que el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia Sepúlveda, estimó necesario que todos los sectores, Gobierno, Congreso, entes de control, entidades territoriales, la sociedad civil activa y el sector productivo, tomen conciencia de la necesidad de avanzar en la transición energética.
Y el director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Antonio Jiménez Rivera, sostuvo que puede haber la seguridad de que se van a tomar las medidas regulatorias para permitir que el país siga contando con las condiciones del desarrollo de la infraestructura en los sectores relacionados con la transición energética.
Ya en el cierre del Foro “Seguridad Energética: Verdades y Retos”, el Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, indicó que, si a Colombia le va bien, al gobierno le va bien y al país le va bien, y estos eventos y discusiones convocados por la Contraloría General de la República sirven para evaluar y revisar todos los aspectos alrededor de este tema y conocer todas las posiciones al respecto.
Zuluaga Pardo resaltó la importancia que tiene abrir estos espacios diálogo. “El objetivo es provocar puntos de encuentro que faciliten resolver interrogantes y explorar caminos donde vayamos de la mano”, dijo.
Víctimas reconocidas
Es importante recordar que el pasado 4 de abril del presente año, en este sentido, Amín Losada, asesor de despacho de la Gobernación del Huila, manifestó: “recordemos que hubo unas vías de hecho en la pasada Semana Santa, siendo necesario que el secretario de Gobierno, Edgar Martín Lara, asistiera a ponerle fin al cerramiento de la vía y con los manifestantes, acordamos una reunión”.
La cita se dio, donde los reclamantes, expusieron su situación ante los funcionarios de la Gobernación del Huila.
“Efectivamente, hay una afectados quienes no han sido censados, no están en las bases de datos de la empresa Enel, entidad a cargo del proyecto hidroeléctrico el Quimbo y aquí lo que se busca es que se han escuchados, y se revisen cuales exactamente son sus perjuicios y que les reconozcan los daños o en su defecto se puedan dar las compensaciones necesarias” puntualizó el funcionario.
La Licencia Ambiental, se dio en el año 2009 y de allí salieron unas personas afectadas.
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No están reconocidos como afectados
Según el veedor, los resarcimientos se quedaron plasmados en la Resolución 899, que es la licencia del proyecto.
“En este orden de ideas, nos dimos a la tarea de crear entre los años 2022 y 2023, con el apoyo del anterior Gobierno Departamental, una veeduría ciudadana para el seguimiento a las obligaciones plasmadas en la Licencia Ambiental y el 20 de enero del presente año logramos reunirnos con varias agrupaciones campesinas afectadas y que aún no han sido reconocidas por el proyecto energético, de ellos logramos identificar 18 grupos, que hoy añoran que Enel o el Estado, les dé una reparación directa o compensación, de allí nació una mesa de veeduría”, destacó el líder.
Posteriormente al ver que nadie escuchaba sus peticiones, la comunidad tomó las vías de hecho en el centro poblado río Loro, ubicado entre los municipios de Gigante y Garzón y cerró el paso de la vía, que afortunadamente se logró negociar.
