Ernesto Cardoso Camacho
Tanto el populismo como la demagogia son conceptos políticos que tienen significados similares y se definen como “la tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo”. Desde la campaña electoral fue evidente que el candidato Petro formuló propuestas de cambio, sin duda necesarias en varios aspectos, aunque revestidas algunas de ellas de alta carga populista y demagógica.
La transición energética justa; la propuesta de paz total y las reformas a la salud y del sistema pensional; son las que mayor carga ideológica representan, una vez conocidas sus líneas programáticas de las formuladas en el ejercicio del gobierno.
Con relación a la primera basta con afirmar que si bien es cierto la contaminación que genera la explotación de los recursos naturales como el petróleo, el carbón, el gas y los minerales a cielo abierto; también es verdad que su sustitución por las llamadas energías limpias no es posible realizarla de manera improvisada, si no planificada y gradual, debido a la imperativa necesidad de tales recursos energéticos para la dinámica económica y social; especialmente en nuestro caso, donde de los recursos fiscales de la Nación se nutren en una cifra cercana al 18% y apalancan el desarrollo regional con las regalías que generan.
De la llamada paz total ya estamos viendo las consecuencias. Impunidad rampante; violencia incrementada en buena parte de los territorios; mayores índices de cultivos, comercialización y confiscación de coca; luchas por las rutas del narcotráfico entre el ELN-disidencias y las bandas criminales; inseguridad en las ciudades donde los delincuentes comunes son capturados y no judicializados; en fin, desconcierto y temor en la ciudadanía que impotente observa como se pretende premiar al delincuente en vez de que el Estado ejerza su fuerza punitiva prevista en la legislación penal.
De las reformas mencionadas que necesariamente deberán ser debatidas en el Congreso, al que quiso presionar el presidente con la convocatoria a las fallidas marchas callejeras, estamos viendo como encuentran las naturales resistencias por su elevada carga ideológica de izquierda radical, hecho que permite presumir que serán finalmente aprobadas, pero con profundos cambios en la estructura original de los proyectos del gobierno.
Lo que esta ocurriendo demuestra que el populismo y la demagogia que caracterizan al presidente y su gobierno tiene sus límites naturales establecidos en el sistema democrático y el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución. El mejor ejemplo de ello lo percibimos en la suspensión provisional del decreto que decidió el Consejo de Estado, con el cual el presidente pretendía regular las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, en una indiscutible muestra de su populismo demagógico.
Así mismo lo observamos en las recientes decisiones de las bancadas de los partidos mayoritarios en el congreso, dispuestas a presentar propuestas de reformas alternativas a las radicales del gobierno.
En este contexto llaman la atención dos hechos recientes que tienen su propia trascendencia cada uno de ellos. Me refiero a los fuertes rumores acerca de eventuales sobornos al hermano e hijo mayor del presidente, para ingresar conocidos narcotraficantes sujetos de extradición, en los listados de gestores de paz, al punto que el propio gobernante ha solicitado a la Fiscalía que asuma las investigaciones respectivas.
Por otra parte, lo ocurrido ayer en San Vicente Caquetá, donde la feroz asonada de presuntos campesinos e indígenas arrasó con buena parte de instalaciones de una empresa petrolera; ocasionando dos muertos y numerosos heridos; constituye el colmo de la arrogancia desafiante inspirada en la presunta y absurda defensa de sus derechos. El secuestrar a los policías, insultarlos y humillarlos; por el simple hecho de representar la fuerza institucional del Estado; es Inaudito y condenable. Es un proceder vandálico y terrorista que demuestra hasta donde puede llegar el estímulo ideológico de un gobierno que insiste en promover, peligrosamente, la lucha de clases.
La democracia colombiana puede estar enferma y en lamentable crisis, pero la solución de nuestras dificultades nunca podrá ser con la violencia aupada por un régimen populista e irresponsable, pues para ello existe el Estado Social de Derecho que permite tramitarlas con acuerdos y consensos.
