“El derecho de acceso a tierras es válido, y vamos a protegerlo, pero tenemos que hablar de un desarrollo rural integral que cubra todas las necesidades de los campesinos del país”, destacó la Procuradora Margarita Cabello.
Aseguró que este organismo de control está a disposición de las diferentes entidades involucradas, con su facultad preventiva, para “buscar acuerdos en la definición de políticas públicas” relacionadas con entrega de tierras y acceso a la propiedad de personas y comunidades que carezcan de ello.
Constitucionalmente, las funciones de las garantías y protección a la propiedad privada, como consecuencia de las manifestaciones de ocupación, no pueden compartirse ni trasladarse a organizaciones civiles ni a grupos sociales indeterminados, reiterando que es necesario que el Gobierno Nacional, y las instituciones del Estado, articulen esfuerzos con el propósito de garantizar tales derechos.
La Jefe del Ministerio Público destacó que se hace necesaria la definición de los criterios y términos de intervención para que la vulneración al derecho de la propiedad privada se conjure, al tiempo de ser atendidas las reclamaciones de los actores inmersos en esta coyuntura.
Finalmente, hizo un llamado al diálogo a quienes hoy son protagonistas de estas situaciones y a quienes han anunciado propuestas tras sentirse vulnerados en sus derechos por causa de este fenómeno de invasiones, para que busquen respuestas y soluciones en la institucionalidad y el orden constitucional.
