El magnicidio del presidente de Haití, cuyas circunstancias deben esclarecer los órganos competentes de dicho país, en la que pudieron haber participado algunos militares en retiro de Colombia según vienen registrando los medios de comunicación, nos causa desazón, indignación y preocupación por las consecuencias que ese lamentable episodio pueda traer para la imagen internacional del país.
Desde luego que Colombia como país y sus autoridades nada tienen que ver con la muerte del presidente Moïse y, por lo que se puede apreciar, se trata de una operación típicamente delincuencial en la que posiblemente sus autores intelectuales están en el mismo país. Pero puede servir de excusa para continuar con el maltrato a los colombianos en los diferentes aeropuertos cuando viajan a otros países.
Colombia es un país en el que la inmensa mayoría de sus ciudadanos son gente trabajadora y honrada, gente de bien, sin que ello implique desconocer el fenómeno delincuencial asociado al narcotráfico y los grupos armados ilegales que han generado la violencia que hemos padecido en las últimas décadas. Pero ello debe producir la comprensión y solidaridad de la comunidad internacional en el combate a la criminalidad. Se debe fortalecer la cooperación para romper la cadena de los intervinientes en esta clase de delitos, para lo cual se debe trabajar de la mano de las autoridades colombianas.
Son comprensibles las medidas de control en los aeropuertos y, desde luego, que se adoptan para evitar lo que se conoce como “mulas” en el tráfico de estupefacientes; medidas que han permitido detectar en forma oportuna muchos casos con los procedimientos que hoy existen. Pero ojalá las autoridades que cumplen con estas tareas eviten los excesos, los tratos discriminatorios -como ordenar filas exclusivas para colombianos- y alimentar sentimientos de xenofobia que no son admisibles en los países europeos que han estado a la vanguardia de la promoción y defensa de los derechos humanos, cuyo respeto no debe quedarse en declaraciones oficiales, sino convertirse en realidad viviente.
Así las cosas, la cancillería debería considerar la posibilidad de instruir a los cónsules en los diferentes países, ante todo en aquellos en los que se han vivido estas experiencias, a que hagan presencia y asesoren a los colombianos que son sometidos a vejámenes, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, en tales aeropuertos.
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Se inicia una nueva legislatura, la última del periodo del actual Congreso, que tiene como uno de sus retos la necesidad de sacar adelante la nueva reforma tributaria que, como lo han dicho los expertos, resulta menos ambiciosa en el recaudo, pero más ajustada a las posibilidades reales de los contribuyentes y, en particular, de quienes tienen más capacidad de tributación en una coyuntura tan compleja como la que estamos viviendo.
Esperamos que el Congreso se concentre más en la función legislativa y así pueda ocuparse más de los temas prioritarios de la agenda pública, que en debates animosos de confrontación personal que a nada conducen.
