Por: Carlos Tobar
Hace quince días reseñaba en esta columna que el año 2023 había sido el año de más altas temperaturas desde que se están llevando registros. Qué íbamos a saber que unos pocos días después nuestro país se iba, literalmente, a incendiar. A lo largo y ancho de Colombia, conflagraciones de todo tipo se han generalizado poniendo en riesgo a más de 900 municipios.
Las imágenes son impactantes. Más aún: aterradoras. Por doquier, en las montañas o en las llanuras, cerca de sectores urbanos, o en los campos, las llamas hacen estragos en ecosistemas, la mayor parte de ellos frágiles, aunque vitales para la estabilidad y supervivencia de los seres vivos, incluyendo la especie humana.
Todos tenemos la oportunidad de ver, en vivo y en directo, los siniestros que dejan esos incendios generalizados. Acongoja el corazón ver, por ejemplo, la impactante imagen del cementerio de frailejones en que se convirtió un sector del páramo de Berlín en el complejo ecosistémico de Santurbán en los Santanderes. Y, así como este desastre, cientos de otros que nos muestran impotentes ante los fenómenos implacables del calentamiento global.
Pero, hay efectos mediatos e inmediatos que no percibimos con la claridad que las imágenes nos inundan los sentidos. Sobre ellos quiero llamar la atención, para ver de buscar que, las autoridades correspondientes tomen medidas de prevención que no nos vayan a coger con “los calzones abajo”, como, desafortunadamente nos ha tomado la oleada incendiaria.
Me refiero, de manera especial, a la escasez de agua y energía eléctrica, como producto del fenómeno de El Niño. En las zonas más secas del país, v.gr., algunos sectores de la costa atlántica, la falta del líquido vital se ha acentuado. Medidas de mitigación son obligatorias de parte de los gobiernos locales, regionales y del nacional. Se deben asignar los recursos que sean necesarios, a través de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, con el fin de atender las necesidades de las poblaciones que lo requieran.
De igual manera, hay que prevenir que se presente el riesgo de apagón en el servicio de energía eléctrica. Aunque las autoridades y los prestadores del servicio, públicos y privados están afirmando que, en el corto plazo, tenemos la capacidad suficiente para hacer frente a la escasez, lo cierto es que, si el fenómeno de El Niño se extiende más allá de lo previsto, el mes de abril, por la estructura de la matriz energética del país el riesgo sería evidente.
El otro efecto colateral, producto de la escasez, sería el de los precios de las tarifas de los servicios públicos de energía y de agua potable. A diario percibimos las bruscas fluctuaciones de los precios en las tarifas de energía eléctrica que, sobre todo, en la costa atlántica han llegado a niveles confiscatorios para la capacidad de pago de los ciudadanos. Usuarios residenciales, comerciales, industriales, están desesperados por las alzas continuas de este servicio. Aunque en otras partes del país, también se sufre por el alza permanente, mes a mes en los recibos del servicio.
La obligación del estado es garantizar, no solo la prestación del servicio, sino que, todos los ciudadanos lo podamos disfrutar.
