Durante la etapa del conflicto armado, la sociedad colombiana padeció la más violenta barbarie durante más de 5 décadas, producto del irracional accionar narcoterrorista de grupos insurgentes y de paramilitares, en algunas regiones del país. Es preocupante para la opinión pública, que más de 250.000 colombianos fueron asesinados salvajemente por estos grupos insurgentes. Incluso, durante los últimos tres años, se continúan asesinando líderes sociales por estas organizaciones delincuenciales, porque se oponen al cultivo de narcóticos en las áreas donde residen. En muchas ocasiones, son direccionados por los carteles mexicanos y los cabecillas de las Farc y del ELN, que se encuentran en Venezuela.
Durante todas las anteriores administraciones presidenciales, se han venido presentando diferentes actores armados, que han cometido asesinatos selectivos, que han tenido algunas participaciones del aparato armado del Estado, en medio de la confrontación política que ha permeado negativamente el bienestar de las comunidades.
Por este motivo, no es cierto que, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, los sectores de la oposición lo estén acusando incesantemente como el causante de los falsos positivos, que se presentaron durante el periodo 2002-2008. Lo que no deben olvidar, estos líderes oposicionistas que solo buscan réditos electorales, que la sociedad colombiana, vivió los momentos más violentos provocados por estos narcoterroristas de las Farc, ELN y paramilitares.
Estábamos secuestrados en las ciudades. No podíamos circular después de las 6 de la tarde, todos los días destruían la infraestructura productiva de los municipios que atacaban con armas no convencionales, asesinaban a mansalva a miembros de la Fuerza Pública y a civiles, otra veces fueron secuestrados y sometidos a los vejámenes , humillaciones y violación de los derechos humanos de manera salvaje, las pescas milagrosas, entre otras acciones criminales, que sería interesante que la JEP abordara con rigurosidad, para recuperar la memoria histórica de estos hechos violentos que vivió el país.
Claro está, que los miembros de la Fuerza Pública, que estuvieron comprometidos con estos hechos delictivos, también han sido juzgados y otros están siendo investigados por los Organismos de Control.
Para combatir a estos actores violentos y narcoterroristas, se realizó a través de un accionar fuerte. No se estaba confrontando con los arcángeles del cielo. La Política de Seguridad Democrática, logró desarticular a estas bandas criminales, reduciéndolos a su mínima expresión, lo que los obligó a sentarse a negociar el Acuerdo Renegociado de Paz, con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y a reducir a 60 mil hectáreas los cultivos de sustancias psicoactivas en el país. Ahora el gran reto del presente gobierno es evitar a como dé lugar, que la muerte de líderes sociales, se vuelva un paisaje.
