Según el Plan Nacional de Desarrollo, radicado por Gobierno en el Congreso, que tendrá hasta el próximo 7 de mayo para convertirse en ley, se busca crear un sistema de protección social que permita ayudar a las personas más vulnerables.
Para lo anterior, se le dará prioridad a la generación de empleo y, si es necesario, se otorgarán transferencias monetarias a los hogares más pobres. Adicionalmente, se fortalecerán los instrumentos que cubren los riesgos de desempleo y protección a la vejez. La meta es bajar la incidencia de pobreza multidimensional de 16 por ciento a un rango de entre 9,5 y 11,5 por ciento en este cuatrienio.
Este nuevo sistema será liderado por el Departamento de Prosperidad Social y establecerá un solo programa (denominado Renta Ciudadana) que armonizaría las transferencias monetarias. El monto de estas tendrá un componente condicionado y otro no condicionado. Dicho dinero dependerá del número de integrantes del hogar y de la clasificación socioeconómica de acuerdo con el Sisbén o el instrumento de focalización que haga sus veces.
También se contempla la entrega de recursos en especie para las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Para ello, se creará una transferencia en especie que se llamará ‘hambre cero’. Otro punto importante de los próximos cuatro años será la economía popular. Esta se define dentro del Plan como los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas) en cualquier sector económico.
En el documento se indica que se buscará que los trabajadores de la economía popular tengan acceso a la protección para la vejez, a los riesgos laborales y al sistema de salud. De hecho, se habla de crear un Consejo Nacional de la Economía Popular, como organismo asesor y consultivo del Gobierno, integrado por entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales y representantes de la economía popular.
Igualmente, en el Plan se indica que se buscará que todos los hogares reporten sus ingresos. Se creará el Registro Social de Hogares (RSH) y se implementará de manera gradual. Para esto, el Departamento Nacional de Planeación, liderado por Jorge Iván González, diseñará y liderará un esquema de ventanilla única que permita integrar los servicios y trámites hacia el ciudadano en el marco de la focalización y acceso a los programas sociales.
Se estipula, además que, la vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos y cuyo valor no exceda de 3.552 UVT (unos 150,6 millones de pesos). Y también podrá establecer, a partir de estudios técnicos, un valor superior a las 3.552 UVT (unos 150,6 millones de pesos) en los departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, reconociendo el costo de materiales de construcción y su transporte, y de mano de obra.
Finalmente, en el Plan también se incluyen cosas nuevas como que iNNpulsa Colombia y Colombia Productiva se fusionarían y se indica que el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) se liquidaría o que las Cámaras de Comercio destinarán un porcentaje de los recursos que reciben o administran por concepto de prestación de servicios públicos para cubrir parte de la financiación de los programas de desarrollo empresarial que ejecuta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
