Operarios descubrieron que varios agricultores, se encontraban desviando el agua de la ‘Planta Recreo’ hacía unas fincas, debido a la temporada seca que vive el país. Situación que ya fue corregida por los funcionarios. Y ante las fugas y daños, se conoce que estos se deben a la obsoleta red de acueducto existente, pues incluso todavía existen tubos de cemento y hierro que fueron instalados hace 40 años.
El último hecho, se da principalmente en los barrios de El Centro y los antiguos, son las que más sufren esta problemática.
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Millonaria deuda de la ciudadanía
Al respecto, Gloria Vanegas, gerente de Empresas Públicas, manifiesta: “financieramente estamos bien, pero no ha sido fácil, cuando hubo la pandemia del Covid-19, expidieron un decreto presidencial, donde por dos años no se podía cobrar el agua. La gente aprovechó esta coyuntura para dejar de cancelar, sin desconocer que tenemos una ‘cultura’ del no pago con el sector oficial, esta situación incrementó la cartera”.
Por ejemplo en energía y gas, la ciudadanía vive al día, pero con el recibo del agua, si dejan de pagarlo, debido a que no se puede cortar fácilmente.
“Esperamos entregar saneada la cartera. Nos deben cerca de $24.000 millones y no es fácil decirle a las personas de los estratos 1, 2 y 3, venga póngase al día, siendo los más golpeados en pandemia y eso que hacemos campañas para que paguen, no les cobramos los intereses”, agregó la funcionaria.
¿Y el sector empresarial?
Similar situación tiene el comercio de Neiva. “Nos deben más de $3.000 y estamos trabajando con la oficina de comunidades y la subgerencia comercial, llegamos ‘puerta a puerta’, dialogamos con ellos, le contamos los beneficios y algunos se han acercado a hacer acuerdos de pago”, dijo la gerente.
La funcionaria recalcó que la Empresa, solo depende del recaudo, por ese motivo se enfocan en hacer los cobros.
“Estamos perdiendo el 50% del agua que no es contabilizada, lo reducimos en cuatro puntos, a través de los esquemas diferenciales en los asentamientos, porque al no estar legalizados, pues la inversión no es fácil. Afortunadamente existe una reglamentación, donde le podemos llevar el agua e instalamos los micromedidores”, enfatizó Gloria Vanegas.
Asimismo, los funcionarios de la entidad, descubrieron un desvió del agua que entraba a ‘Planta Recreo’, lo suspendieron y establecieron las respectivas sanciones.
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El decreto presidencial
El Decreto 441 de 2020 que indica la gerente, fue el que señaló: “en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Política, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional».
“Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, en los términos y condiciones que se han señalado y las prórrogas que pueda determinar el Ministerio de Salud y Protección Social, los municipios y distritos asegurarán de manera efectiva el acceso a agua potable mediante la prestación del servicio público de acueducto, y/o esquemas diferenciales, a través de las personas prestadoras que operen en cada municipio o distrito”, señala el documento.
Los robos de tapas de alcantarillas
En cuanto al hurto de las tapas de alcantarilla y medidores hechos en hierro, realizado principalmente por ‘personas sin techo’, los directivos ya no compran estos elementos, sino en madera plástica.
Por ende es importante, que haya un control social y la ciudadanía avise a la Policía sobre este hecho y gran parte de los elementos robados van a algunas chatarrerías.
Un aspecto generado por este clase de robos, son los accidentes de tránsito y las víctimas demandan a Empresas Públicas, por eso trabajan en resolver este tipo de hechos.
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Se necesitan 1.2 billones de pesos inversión en acueducto
Frente a la demora en arreglar las tuberías averiadas, la funcionaria indicó: “según un estudio realizado por la administración pasada, para cambiar toda la infraestructura de acueducto, se necesitan 1.2 billones de pesos. Y ante las fugas y daños, estos se deben a la obsoleta red de acueducto existente, pues incluso hay tubos de cemento y hierro.
Siendo los barrios de El Centro y los más antiguos de la ciudad, los que más sufren esta problemática. Ya han contratado $200.000 para acueducto, alcantarillado y aguas lluvias.
Por otra parte, cabe recalcar que los ‘paseos de olla’, están prohibidos y la gente lo sabe.
Un grupo de neivanos, estaría ‘violando’ el Decreto 0400 de 2016, ya que llegan en carros y motos a bañarse en la bocatoma ‘el Tomo’, zona protegida, debido a que el río Las Ceibas, es donde se extrae el agua para el consumo de la ciudadanía.
Y es que según el Decreto 0400 de 2016, establece: “por medio del cual se establecen restricciones para el ingreso de bañistas, realización de paseos de olla, fogatas y lavados de cualquier tipo de vehículo, automotor en el río Las Ceibas, desde el área contigua a la Bocatoma el Tomo hasta un kilómetro arriba del cruce de platanillal, incluidas el área de protección de la ronda hídrica del afluente que comprende 30 metros de ancho a lado y lado”.
Ya en el Código de Policía en el artículo 28, expresa: “poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento o modificación de las estructuras de los servicios públicos”. Siendo acreedores de una multa tipo 4 que es de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Los sancochos en la calle, paseos de olla, fogatas y lavados de vehículos, además de las restricciones de ruido, pueden sancionarse con una multa económica equivalente a $788.000. Así lo establece el Código Nacional de Policía.
Botaderos de agua y contexto
En cuanto a los botaderos del preciado líquido, uno se encuentra en el barrio San Carlos, así lo manifestó, Sonia Otálora: “desde diciembre se rompió un tubo y debido a la presión, tuvimos que hacer un canal para que no afectara a otras casas y ya vinieron los operarios de EPN, midieron e indicaron donde estaba el daño”.
Asimismo, por la carrera 21 del barrio Santa Isabel, hay un daño y tampoco han arreglado los trabajadores.
En este sentido en Colombia, hay 12 millones de personas tienen acceso inadecuado al servicio de agua potable, esto representa un 25 % de la población del país, así mismo, 3.2 millones de personas no tienen acceso a agua potable, siendo especialmente crítica esta situación en el sector rural.
En el país cerca de 1.5 millones de personas realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre y solo se tratan el 52 % de las aguas residuales. Ante este panorama, el Gobierno del Cambio invertirá en el 2023 cerca de 1 billón de pesos en proyectos de agua potable y saneamiento básico. De hecho, en los primeros meses de mandato el número de proyectos aprobados pasó de 22 a 80, y, bajo esta misma lógica, se ha incrementado la inversión en municipios de categorías 4, 5 y 6, pasando del 35 % al 56 % en estos territorios.
“Las peores formas de atraso en materia de agua y saneamiento suceden en un contexto de pobreza, de desigualdad y de exclusión. En Colombia enfrentamos situaciones críticas de privación en zonas rurales y en pequeños municipios, en comunidades indígenas y afrocolombianas”, puntualizó Catalina Velasco, ministra de Vivienda.
