Por: Juan Felipe Molano Perdomo
Creo que usted y yo vimos la lucha de líderes de la región arengando, marchando, protestando, plantones y consignas, para que no se instalara el peaje de la entrada a Neiva, el de vía Campoalegre, el de Altamira, y ahora otro en Hobo, pero todas esas acciones solo pararon en heridos, perseguidos y detenidos, y la satanización de los políticos de la época, pero de allí no trascendimos; Ahora que se habla de la frustrada ruta 45, y donde posan de salvadores políticos oportunistas, yo me atrevo hacer una propuesta concreta de orden Nacional, una salida a esa problemática social que amenaza permanentemente la libre movilización y el desarrollo empresarial y turístico del País y por supuesto del Huila. Lo anterior solo es posible si se modifican y/o derogan las leyes que permiten este modelo financiero de construcción vial del País (artículo 338 C.N), y para ello debe renovarse el Congreso de Colombia en mínimo un 70%, con personas comprometidas con esas causas, más no por políticos del pasado y ahora algunos jugando a ser políticos, pero que sabemos están sumidos en la misma clase dirigente a la que le confiamos el País y nuestro futuro, pero que hoy le retiráramos esa confianza.
Las concesiones viales vienen desde 1997 y la ley 80 de 1993 lo materializa como respuesta a la carencia de recursos Estatales para inversión en la Red Vial Nacional. Se trata de una estrategia para el mantenimiento y construcción de carreteras, con participación de capital privado, y financiados a través de pagos diferidos en el tiempo por parte del Estado, de los usuarios (plusvalía o valorización) o una combinación de ambas fuentes.
El Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, dice que, entre 137 economías evaluadas, Colombia ocupa el puesto 110 en el indicador de calidad de carreteras, y con una de las peores infraestructuras del mundo. Entonces según Fedesarrollo, Colombia debería invertir cada año y sostenidamente durante una década, un monto equivalente al 3,1% del PIB, para cerrar la brecha de infraestructura.
Señor lector: ¿ha sido eficaz el método de financiación inmerso en los megaproyectos de concesión de infraestructura vial en Colombia?; ¿es correcto que los privados inviertan dinero, construyan, y vía peajes se paguen, pero con cero porcentajes de retorno para el mantenimiento en sus primeros 5 años de uso?; ¿es aceptable que se concesionen las vías o se construyan por el mismo Estado, y una vez se recupera la inversión y la utilidad en caso de los privados, los peajes sigan incrementando su valor en lugar de bajar?; ¿es justo que una vez se paga la inversión, las vías concesionadas sigan en manos de esos particulares? La respuesta es No. Ahora: ¿sería posible que una ley redujera el número de peajes en Colombia, como por ejemplo evitar esa sobre carga entre Bogotá y Cartagena con 18 peajes, vía mayor distancia entre uno y otro? ¿Sería posible que el Estado incluyera una financiación a más tiempo para hacer de los peajes más baratos si es que deba continuar este modelo? ¿Debe haber un mecanismo que asegure y resarza de manera inmediata y no judicial, los daños causados a nuestros carros y nuestra integridad personal? ¿Podríamos evitar que mientras los salarios de los colombianos suben por las escaleras y los peajes de Sarmiento Angulo suban por el ascensor? Siendo ello posible Propongo se legisle para una Política Pública de Peajes (PPP), que además defina una tasa diferencial del valor de ellos, dependiendo del tramo recorrido, de las poblaciones beneficiadas, de la masificación de su uso, o del tipo de carga que transporta como productos agrícolas, considerando que la gran economía que debemos defender de ahora en adelante es el fortalecimiento del campo y de los campesinos, no dejar romper el lazo entre productor y consumidor final, que sigue siendo el comercio.
