Carlos Yepes A.
En el Huila el 13,3% de sus habitantes son considerados pobres multidimensionalmente por el Dane, significa que son personas no solamente pobres en términos monetarios, sino también privadas de condiciones que se consideradan vitales como salud, educación, empleo, vivienda, servicios públicos, entre otras. La medición de la entidad estadística fue revelada en mayo de este año, corresponde al año 2022 y señala que el Huila supera la media del porcentaje de pobreza multidimensional de Colombia que se ubicó en 12,9%.
Esto sin embargo no demuestra que el Huila haya superado las cifras que Eduardo Pararroyo presentó hace ya una década, donde desnudó el verdadero drama de la pobreza en el Huila al revelar que “ el 50% de la población del departamento no poseía condiciones de vida dignas, el 80% de la población vivía en estratos 1 y 2; y el 79 % pertenecía a los niveles 1 y 2 más bajos de la clasificación del SISBEN”; si bien los indicadores de cobertura han mejorado, éstos no solucionan el problema de pobreza estructural y hacen es parte de políticas asistencialistas que fiscalmente no son fáciles de sostener en el largo plazo y por el contrario lo que hacen es perpetuar la pobreza.
Esta es la realidad del Huila, la que nos lleva entonces a indagar acerca de la pobreza en nuestro territorio. Nos refrenda el hecho de como muchos de nuestros municipios han contribuido a mantener estos indicadores siendo irresponsables fiscal y administrativamente, con elevados grados de ineficiencia y gobernados sólo bajo el imperio de intereses personales y partidistas.
Esta constante irresponsabilidad es la que ha hecho de la pobreza lo que es hoy y pareciera que el Estado en Colombia se desmoronara desde abajo, desde el orden Municipal, son como los pies de barro del mismo Estado. A esta realidad ha contribuido sin duda alguna el alto grado de corrupción, es decir estamos ante un problema sistémico de la institucionalidad pública.
Amartya Sen, destacado economista y filósofo indio que ha realizado importantes contribuciones en los campos de la economía del bienestar y el desarrollo humano, sostiene que la pobreza más que ingresos bajos consiste en impedimentos al desarrollo de capacidades personales y en la degradación de la calidad de vida. La pobreza tiene que ver más con el deterioro o ausencia de bienes públicos, que con una reducida posibilidad de adquirir bienes y servicios. Insiste en que luchar contra la pobreza no consiste en ofrecer dádivas y subvenciones privadas a grupos de interés, sino en crear bienes públicos de calidad ya que los pobres no tienen acceso a bienes privados que los suplan (sguridad privada, trabajo, recreación, calidad ambiental, automóvil, deporte, cultura, centros comerciales, viajes y educación). No consiste en regalar dinero, sino en promover condiciones para el desarrollo de empresas, la inversión productiva, la productividad y el empleo.
Más que un salario mínimo, empobrecen bienes públicos inexistentes; empobrecen escuelas en mal estado y una educación de baja calidad; empobrece la amenaza permanente de la delincuencia y el saber que no hay fuerza pública eficiente y confiable; empobrece el tener que viajar varias horas la día para acceder al trabajo o el estudio a falta de infraestructura eficiente de movilidad; empobrece un paisaje urbano saturado de basuras; empobrece la carencia de oportunidades de recreación por falta de parques dignos, estimulantes, limpios y seguros; empobrece la falta de ausencia de aceras transitables e iluminadas; empobrece la impunidad, en fin se volvería innumerable la lista de los bienes públicos y las condiciones sociales que nos empobrecen como territorio y como ciudad.
Esperamos que este sea un mensaje bien recibido por la nueva administración departamental y cada uno de los alcaldes, recordándoles que la pobreza y la delincuencia se nutren y se extienden en ámbitos donde los bienes públicos han sido olvidados, por ahí deberían empezar sus gestiones para lograr “un acuerdo para vivir mejor”.
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