Por: Carlos Tobar
Difícil la coyuntura que enfrenta el gobierno Petro por los costos de la energía. No son solamente los imparables aumentos de precios de las tarifas de energía eléctrica, sino el anunciado aumento de los precios del galón de gasolina.
Ambos, herencia de la política neoliberal aplicada en el país a rajatabla por los gobiernos de los últimos 30 años, que, en esencia, amarraron esos precios a algunas variables que son bastante discutibles: los precios internacionales del petróleo, la inflación y la devaluación del peso frente al dólar.
El porqué de esta política tiene, en el fondo, una explicación: garantizar los precios de monopolio para los beneficiarios de estos negocios. Que, a su vez, significan ganancias extraordinarias para sus dueños.
Como negocio, está bien. Quién no quisiera una oportunidad como esa para sus emprendimientos. El problema es que ese negocio leonino se hace a costa de los usuarios que, en este caso, somos los 50 millones de colombianos.
Las preguntas son muchas. ¿Por qué si los costos de producción internos de un barril de petróleo oscila entre 36 y 56 dólares, tenemos que pagarlos a precio internacional (hoy oscilando alrededor de los 100 dólares), como si además lo importáramos del golfo de México?
¿Por qué a la fórmula para establecer las tarifas de energía eléctrica (un producto netamente nacional) se le aplican la inflación de costos (que se maneja aplicando el índice de precios al productor) y la devaluación de la moneda?
¿Por qué no se a ampliado la capacidad de refinación para la obtención de gasolina, tanto en Barrancabermeja como en Cartagena, para garantizar la totalidad del suministro que demanda el transporte en el país?
Y, así un largo etcétera.
Revisar la política de precios internos de la energía es una tarea urgente. No podemos cargarle al aparato productivo del país costos que son prohibitivos y que, impedirían cualquier aspiración de progreso empresarial y familiar.
Que no nos salgan con que no se puede, porque a la Ocde, o al FMI, o al Banco Mundial, o las calificadoras de riesgo, no les parece.
El cambio es, precisamente, modificar un estado de cosas injusto e inequitativo para el progreso de los colombianos. Aquí le mediremos en serio el pulso al gobierno.
