Por: Hugo Fernando Cabrera Ochoa
El artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, en sus numerales 3, 4 y 5, expresa lo siguiente: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, y, dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente”.
Ante una situación tan compleja como es la alteración del orden público en los territorios, por cuenta del accionar de grupos armados al margen de la ley y en general de la delincuencia común, es importante tener absolutamente claro que quien tiene el deber de velar por el restablecimiento de la tranquilidad y la paz, es el máximo ejecutivo nacional.
Entiendo que la búsqueda de la paz negociada con todas esas agrupaciones ilegales armadas, es una política del actual gobierno nacional y cada mandato tiene la libertad de establecer las estrategias, las tácticas y las acciones, para conseguir los fines propuestos en su plan nacional de desarrollo.
El grave problema es que las decisiones que toma el alto gobierno afectan en general a toda la nación y precisamente el Huila es una de esas regiones grandemente golpeadas, razón por la cual, se genera una situación muy compleja que oscurece el panorama de un departamento que ha venido en un franco proceso de desarrollo económico y social.
Algunos críticos, seguramente por desconocimiento, endilgan toda la responsabilidad al mandatario departamental y a los alcaldes municipales, como es el caso de Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito, dado que existe el supuesto concepto, que son ellos la máxima autoridad policial, del territorio y de las localidades, no obstante, la realidad es que los comandantes tanto de Distrito, Policía Huila, Policía Metropolitana, Comandos de los Municipios y Ejército Nacional, acantonado en todo el departamento, operan bajo las directrices del Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Ministro de Defensa Nacional, todos bajo las directrices del máximo Comandante y Jefe, que es constitucionalmente el Presidente de la República.
La realidad es una, y es que, si la inseguridad y la violencia se vuelven a tomar al Huila como en décadas anteriores, la prosperidad y el progreso irán echando para atrás, porque los inversionistas, empresarios y turistas, que en los últimos tiempos habían retornado a nuestra tierra, comenzarán a alejarse poco a poco.
Somos un departamento sumamente próspero y con un potencial productivo supremamente alto; contamos con el talante de un gobernador experimentado y dispuesto a trabajar con todo el compromiso para lograr importantes avances y mantener el ritmo de desarrollo y crecimiento, que se ha logrado establecer, sin embargo, se necesita del apoyo decidido y permanente del gobierno central, de lo contrario, con críticas a los mandatarios regionales, no se va a solucionar nada.
