Desde que se reglamentaron los fondos del Sistema General de Regalías, los municipios y departamentos han tenido serias dificultades en la aprobación y ejecución de estas iniciativas. Más del 70% de los municipios del país, incluidos los huilenses, tienen saldos con montos superiores al 40% de sus recursos asignados durante el presente bienio. El alto riesgo de corrupción del sistema se evidencia en los resultados de las auditorías de la Contraloría, que, durante los dos últimos años, arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de un billón de pesos, donde el 40 % corresponde a obras inconclusas, de acuerdo con la Contraloría General de la República.
Desde que el presidente Iván Duque Márquez sancionó la Ley 1942 de 2018, mediante la cual se decretó el presupuesto del Sistema General de Regalías para los bienios, se creía que con ello se iban a terminar las dificultades para la ejecución de dichos proyectos. Pero no fue así. El mismo gobernador del departamento Luis Enrique Dussán López, expresó la preocupación que durante su periodo no se han podido ejecutar dichos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, producto de las trabas que ha colocado el gobierno nacional. Se estiman en más de trescientos mil millones de pesos el monto del total de iniciativas.
En todos los ambientes de la opinión pública, se empieza a presentar un rechazo generalizado por los innumerables casos de construcciones antes de la actual administración departamental, que se han convertido en elefantes blancos y en monumentos a la corrupción, en nuestro territorio, como ocurre en otras regiones del país. Lo imperdonable es que no exista una respuesta fuerte y coherente por parte de los Organismos de Control, que empiezan a adelantar las indagaciones preliminares y cuando se encuentran hechos que reflejan un verdadero detrimento patrimonial, se inician los procesos de investigación contra los funcionarios responsables del manejo de la ordenación del gasto, pero que desafortunadamente los expedientes se mantienen estáticos en los anales de las dependencias judiciales. Los sujetos responsables de estas irregularidades acuden a los caciques politiqueros en Bogotá para solicitar su protección para que les archiven los procesos que se les adelantan.
Mientras las comunidades observan con tristeza y con rabia, que muchas obras públicas se encuentran paralizadas, otras ya terminadas con sobrecostos y con una deficiente calidad de los materiales utilizados durante su construcción, que enarbolan la bandera de la corrupción administrativa, sin que existan responsables por haber transgredido las normas de contratación pública. En el caso del Huila, se han detectado más de cincuenta elefantes blancos, que se han convertido en monumentos a la desidia y a la negligencia administrativa, dejándolas inconclusas y que hoy son ruinas observadas por las comunidades en general.
