Por: Carlos Tobar
La Constitución de 1991 a través de las leyes 142 y 143 de 1994, le abrieron las puertas a la participación del capital privado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua y alcantarillado, aseo; energía eléctrica y gas, alumbrado público; telefonía y comunicaciones.
La experiencia no ha sido la mejor. Desde muy temprano, en la misma década de los 90 del siglo pasado, las protestas por los abusos tarifarios se generalizaron en todo el país. Además, la calidad de los servicios, aunque ha mejorado, sigue siendo deficiente.
La mayor parte de los avances son producto de inversión pública, luego traspasada a menos precio al capital privado, o inversiones de particulares recobradas a precios exorbitantes bajo el régimen tarifario.
Para armar el entramado las leyes delegaron en unas comisiones, supuestamente técnicas, la elaboración de las normas que regularían la prestación de los servicios. El corazón de la normatividad es la fijación de las tarifas, bajo el precepto perentorio de la rentabilidad económica (que no social), establecida en la ley 142.
Así, durante 28 años, han trabajado, con celo de mejor causa, para construir en todos los servicios públicos domiciliarios un negocio envidiable. En ellos no solo se establecen rentabilidades nominales que, normalmente, no se le reconocen al capital, sino que, manipulan descaradamente la base de los costos de operación, de tal manera que, las ganancias finales son extraordinarias.
Ese negocio se basa en exprimir al usuario final, los millones de colombianos que, mensualmente, dedicamos una parte sustancial de los ingresos familiares para pagar los recibos de tarifas de energía, agua o telefonía.
El mayor escándalo, por lo abusivo de los servicios, es el de las tarifas de energía eléctrica. Que hoy tienen a los habitantes de los departamentos de la costa atlántica en franca rebelión. No soportan más los abusos de la cadena de empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. En el resto del país la situación no es muy diferente.
Las fórmulas tarifarias de la Creg que, se sustentan en multiplicadores como la inflación y la devaluación del peso frente al dólar, han llevado las tarifas a niveles confiscatorios.
Lastimosamente, hay que decirlo, le han cogido las barbas al nuevo gobierno que no se ha atrevido a intervenir -aunque lo anunció inicialmente-, para parar esta cadena de abusos.
El panorama que viene puede ser de extrema gravedad, porque la ambición desmedida de los monopolistas del servicio de energía, va a llevar a la desesperación a los usuarios que ya están al máximo de aguante.
