Por: Jaime Alberto Arrubla Paucar
En medio de tantas tribulaciones, apareció la noticia que en la mesa de diálogo entre los delegados del Gobierno y los representantes del paro, se llegó a un preacuerdo sobre algunos puntos, que deberán ser ratificados por sus respectivos poderdantes. Pareciera ser el principio del fin; una luz tenue al final del túnel que vislumbra una esperanza para los colombianos. El problema es saber si los que están en la mesa en verdad representan a los actores de la protesta.
Por otro lado, la recién recuperada del COVID Alcaldesa de Bogotá, pidió disculpas a la ciudadanía y los jóvenes por no haberlos interpretado adecuadamente. Lo mismo debería hacer todos los mandatarios regionales que excedieron las medidas de confinamiento secando la economía y los puestos de trabajo de las personas. Quedó claro que lo más le importa a la sociedad es su fuente de trabajo, por encima de los riesgos de la salubridad.
La nueva Canciller advirtió que por el momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene espacio en el país para una verificación sobre su tema, precisamente porque estamos en el cenit del “embrollo” y apenas nuestras instituciones están actuando. Es razonable que les permitamos adelantar sus investigaciones y que luego vengan los que quieran a verificar. El acompañamiento a nuestras instituciones en este momento compromete nuestra soberanía y afecta el debido proceso. De acuerdo con la Canciller.
Todo indica que nuestra Constitución que está cumpliendo 30 años, no es la pieza perfecta de la democracia; idea que les han vendido a los colombianos. No ha sido instrumento para una convivencia pacífica de nuestras gentes. Si bien en su parte dogmática no hay mucho que agregar y es de las más avanzadas en la garantía formal de derechos fundamentales, aunque dista mucho de eficacia material; la parte orgánica del Estado deja mucho que desear. El gigantismo de la administración pública que impulsó y se viene desarrollando a partir de su promulgación es enorme y raya con los deseos de los colombianos, de tener un Estado con un diseño más austero.
Razón tenía el actual Presidente cuando estaba de candidato de propugnar por una sola Corte, en lugar de las cinco que hoy existen; el Congreso debería ser una sola Cámara, más reducida y más eficaz; las nuevas 16 curules que ahora avala la Corte Constitucional para las víctimas, son un absurdo en este momento, caen como una bofetada a las peticiones de la protesta, al igual que los 600 cargos que se crearon para la Contraloría y los 200 que ahora quiere que se creen en la Procuraduría.
Las víctimas del conflicto armado y de los desmanes de las FARC somos todos los colombianos. Lo mejor que podría hacerse, es que de nuestros impuestos no se malgasten en más curules, ni ministerios, ni consejerías, sino que se ahorren para los programas sociales que requiere la sociedad. Empecemos por reducir el tamaño del Estado, para que los recursos públicos alcancen para atender los reclamos sociales.
Otra cosa que devela la situación por la que atravesamos, es que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la corrupción. El control de la corrupción no puede estar en manos de la clase política. Nada raro que terminemos nuevamente en una constituyente, como ocurrió con los chilenos.
