En rechazo al proyecto de ley estatutaria de educación, Fecode ha convocado a maestros y sectores sociales a protestar, señalando que la iniciativa ignora acuerdos previos y amenaza la educación pública.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha convocado una movilización para mañana miércoles 12 de junio en protesta contra el proyecto de ley estatutaria que busca reformar el sistema educativo. Esta iniciativa legislativa está a solo un debate de concluir su trámite en el Congreso, pero los cambios introducidos al texto original han generado controversia entre varios actores del sector educativo.
Fecode ha expresado su descontento a través de un comunicado, destacando que el proyecto ignora los acuerdos previamente establecidos con el Gobierno Nacional. Además, el sindicato señala que ha omitido varias proposiciones presentadas durante los debates, lo que ha contribuido a su rechazo al proyecto.
El sindicato plantea al Ejecutivo la necesidad de detener la aprobación de este proyecto de ley y promover un nuevo diálogo social participativo. «Llamamos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimiento indígena, campesinos, estudiantil, universitario y otros, a cerrar filas para defender la Educación Pública Colombiana como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado», indica el comunicado de Fecode.
La Federación también anunció una reunión de junta nacional para hoy lunes, donde se analizarán las acciones a seguir ante esta situación. Durante este encuentro, se tomarán decisiones respecto al Paro Nacional convocado en rechazo a la reforma educativa propuesta.
Las diferentes bancadas conciliaron un texto que Fecode considera que desvirtúa la esencia y el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, que debería ser garantizado y financiado por el Estado. La movilización del 12 de junio busca no solo detener el proyecto de ley, sino también fortalecer la defensa de una educación pública de calidad para todos los colombianos.
Derecho fundamental
El proyecto presentado por el Ministerio de Educación, liderado por Aurora Vergara, se desbloqueó tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición el 5 de junio de 2024.
El sindicato expresó que el consenso presentado ante el Legislativo «minimiza la lucha librada por más de 42 años desde el Movimiento Pedagógico y la movilización histórica de Fecode en favor del derecho fundamental a la educación».
En su comunicado, Fecode criticó la iniciativa, señalando que incluye «propuestas absurdas y regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación». Entre estas propuestas destaca la supuesta creación de bonos escolares o «vouchers», que «habilitan claramente la privatización y mercantilización de la educación bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación».
Nelson Alarcón, expresidente de Fecode y actual ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó su rechazo a la nueva propuesta de reforma estatutaria de educación en una entrevista con W Radio. Alarcón calificó el proyecto como «catastrófico» y expresó serias preocupaciones sobre sus implicaciones para el sistema educativo del país.
«El acuerdo al cual llegó la ministra de Educación con las diferentes bancadas desafortunadamente va en contra de los acuerdos logrados con gobiernos anteriores de Santos y Duque», afirmó Alarcón. Según él, esta situación perjudica logros importantes como la libertad de cátedra y la autonomía escolar.
Además, Alarcón expresó su preocupación sobre la administración y financiación de la educación pública, enfatizando que el Estado debería manejar exclusivamente este tema. También criticó a la ministra de Educación, afirmando que se dejó influenciar por los intereses del Centro Democrático.
«No sé qué le pasó a la ministra, se dejó embaucar por el Centro Democrático. El Gobierno debería ser quien administre y financie la educación pública», aseveró Alarcón.
Finalmente, Alarcón subrayó que la esencia del derecho a la educación está siendo distorsionada por esta nueva reforma, que, según él, no responde a las verdaderas necesidades del sector educativo en Colombia.
Peligra el acceso a la educación
Fecode también critica que el proyecto incorpora “un enfoque mixto de la educación, abriéndola a las lógicas del mercado y habilitando claramente su privatización y mercantilización bajo el pretexto de mejorar la calidad y la falacia de la participación”. Agrega que el proyecto, tal como está redactado, “golpea los fines y objetivos de la educación”, reafirmando un enfoque basado en competencias y “negando la posibilidad de abrir la discusión sobre una necesaria reforma curricular”.
Además, el magisterio sostiene que el texto que llegará a su cuarto debate “restringe el acceso a la educación superior para amplios sectores de la población con mayores dificultades, al imponer la meritocracia como criterio”. Según Fecode, la ley incluiría un mandato de organismos multilaterales para “subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica”.
Respecto a este último punto, Fecode argumenta que el desempeño docente depende no solo de la práctica pedagógica, “sino de múltiples factores asociados a la educación que el Estado debe garantizar”. El sindicato insta al gobierno a no permitir la aprobación de esta ley (pese a que fue el propio Ministerio de Educación el que negoció y aprobó estas enmiendas) y a proceder a “generar una amplia movilización en torno a un nuevo diálogo social participativo que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental”.
Abajo la enmienda
El proyecto conciliado por las diferentes bancadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, el pasado 5 de junio del año en curso, no corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE. La enmienda presentada no consultó con la Federación; por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que radicamos oportunamente en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo dicta el trámite parlamentario. Sorpresivamente, se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, como las siguientes:
- Incorpora un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitado claramente la privatización y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado.
- Golpea los fines y objetivos de la educación, reafirman el enfoque basado en competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, debilitando el carácter y la función social que tiene la educación.
- Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con mas dificultades, al imponer como criterio la meritocracia.
- Sin la suficiente sustentación, ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario.
- Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, generalizándola y profundizando su interés perverso y punitivo, desconociendo su carácter pedagógico, transformador y constructivo.
- Niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre-jardín en las instituciones educativas públicas bajo administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso, como debe corresponder a todas las áreas, niveles y modalidades educativas.
Por estas razones y ante el poco margen de tiempo, le planteamos al Gobierno Nacional que tome la determinación de no permitir la aprobación de este proyecto y se proceda a generar una amplia movilización alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental y bien común.
