Varios narcos habrían pagado altas sumas para que los incluyeran en algunos beneficios, pero no a todos les cumplieron.
La oferta de cupos, vocerías y beneficios por parte de abogados y servidores públicos, por valores que rondan los $ 500 millones, están convirtiendo el proceso de ‘paz total’ con las bandas criminales en un lucrativo negocio que podría desbaratarse en cualquier momento.
Fuentes cercanas a las exploraciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados de carácter no político le explicaron a EL COLOMBIANO cómo funciona el esquema, a cambio de la reserva de su identidad. Se resisten a señalar con nombre propio a los involucrados, algunos por solidaridad de gremio, otros por miedo y varios por “no salir del llavero” de la Casa de Nariño o de su clientela de narcos.
El precio estándar por las gestiones ante la Oficina del Alto Comisionado (Oacp) es de $ 500 millones, pero –según la jerarquía del cabecilla y la importancia del grupo en el escenario criminal– puede oscilar entre los $ 200 y $ 600 millones.
Algunos abogados y funcionarios les pusieron esa tarifa a los siguientes servicios: 1). El cupo en los acercamientos de paz, es decir, que el Gobierno avale las reuniones; 2). El nombramiento, vía decreto, como representante del grupo armado; 3). La inclusión en la lista de voceros de paz; 4). La designación como gestor de paz; 5). La no extradición; 6). Traslados de cárceles.
“Esto empezó en abril de 2022, antes de la primera vuelta presidencial. Llegaron unos delegados de Gustavo Petro a socializarnos el proyecto de paz total. La idea parecía buena, entonces hicimos el puente con miembros de grupos armados, que luego enviaron cartas y comunicados públicos en favor de la propuesta”, explicó uno de los conocedores del tema.
Varios narcos habrían pagado altas sumas para que los incluyeran en estos beneficios, como Juan José Valencia (‘Falcon’), aliado del Clan del Golfo, con influencia en Antioquia y Cartagena; y Jesús Berdugo (‘Tánatos’), socio del cartel de Sinaloa, con redes de droga en Nariño y Ecuador.
Otros que habrían desembolsado dinero para estas gestiones son Carlos Mesa Vallejo (‘Tom’) y Leonardo Muñoz (‘Douglas’), líderes de la organización mafiosa ‘la Oficina’; y el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’).
Pese a esto, ‘Falcon’ y ‘Tánatos’ fueron extraditados; a ‘Douglas’ no lo sacaron de La Picota ni le confirmaron la gestoría de paz, tras el rechazo generalizado de la opinión pública; y ‘Tom’ y ‘Macaco’, aunque fueron trasladados a la cárcel de Itagüí, en su zona de injerencia, tampoco han recibido el aval para ser gestores.
Al parecer, también dio plata el empresario Jorge López, hijo de la financista de paramilitares Enilse López (‘la Gata’). A él un juez le concedió la libertad con el pretexto de que había sido nombrado gestor de paz por la Oacp, pero ante el escándalo jurídico que esto provocó, el Gobierno canceló su designación.
