La convocatoria de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a una nueva marcha nacional, programada para el próximo jueves 8 de febrero, ha generado una serie de interrogantes y críticas en diversos sectores de la sociedad. Más allá de la legítima defensa de los derechos sindicales, es imperativo examinar con lupa los motivos detrás de esta movilización y la coyuntura en la que se gesta.
El anuncio de Fecode de unirse a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la demanda de una pronta elección de la nueva fiscal general de la Nación, para muchos, parece un intento de desviar la atención del foco principal que rodea al sindicato: la investigación que adelanta el actual Fiscal General, Francisco Barbosa, en relación con la presunta donación de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro.
Resulta preocupante que, en momentos cruciales de una investigación de interés nacional, como la mencionada, se busque generar distracciones a través de movilizaciones que, aunque amparadas bajo la defensa de derechos fundamentales, podrían estar siendo utilizadas para desplazar la atención de la opinión pública sobre asuntos de mayor relevancia.
La ciudadanía merece respuestas claras y transparentes sobre las acusaciones que rodean la presunta financiación de la campaña presidencial por parte de Fecode. La marcha convocada en este contexto genera dudas sobre la verdadera intención detrás de la movilización y si esta busca más que la defensa legítima de los intereses gremiales.
Además, la preocupación de algunos ciudadanos no solo se centra en el contenido de la marcha, sino también en las consecuencias prácticas que estas manifestaciones suelen tener en términos de movilidad y seguridad en la capital del país. Es esencial recordar que el ejercicio de derechos no puede traducirse en afectaciones para el resto de la población.
El llamado a la reflexión es urgente. Fecode, en lugar de desviar la atención mediante movilizaciones, debería enfrentar con transparencia las acusaciones y brindar las explicaciones necesarias a la ciudadanía. En una sociedad democrática, el respeto a la verdad y la rendición de cuentas son valores fundamentales que deben prevalecer sobre cualquier intento de eludir la responsabilidad.
En definitiva, la convocatoria de Fecode merece una evaluación crítica y una cuidadosa consideración por parte de la ciudadanía. Es hora de priorizar la verdad y la transparencia sobre cualquier otra consideración, garantizando así la integridad de las instituciones y la confianza de la sociedad en el sistema democrático.
