El tribunal de paz concluye que en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente. Las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las antiguas Farc, y por unidades de la fuerza pública.
Las desapariciones forzadas tuvieron un incremento a partir del primer semestre de 1996 con la llegada de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50% de las víctimas); y su pico más alto se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos.
La JEP avanza en la práctica de pruebas en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto de Hidroituango, entre las que se encuentra una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto.
A la fecha el tribunal de paz ha encontrado ocho cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.
En la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo. Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango.
La base de datos construida por la Jurisdicción Especial para la Paz, se basó en seis fuentes: La Unidad para las Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía General y sus respectivos sistemas de información.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha determinado que estas 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia. Las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución y en estado de indefensión.
El tribunal de paz concluye que en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente. Las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las antiguas Farc, y por unidades de la fuerza pública.
Las desapariciones forzadas tuvieron un incremento a partir del primer semestre de 1996 con la llegada de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50% de las víctimas); y su pico más alto se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos.
La JEP avanza en la práctica de pruebas en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto de Hidroituango, entre las que se encuentra una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto.
A la fecha el tribunal de paz ha encontrado ocho cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.
En la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo. Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango.
La base de datos construida por la Jurisdicción Especial para la Paz, se basó en seis fuentes: La Unidad para las Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía General y sus respectivos sistemas de información.
